Temblores Ong le da la bienvenida a Wendy, segunda beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública

El pasado 8 de julio recibimos en las puertas de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a Wendy Julieth, la segunda mujer beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública que desarrollará su prestación de servicios de utilidad pública en Temblores ONG.

La Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, creó una medida de alternatividad penal para mujeres cabeza de hogar en condición de marginalidad, permitiéndoles cumplir sus condenas mediante la prestación de un servicio social por fuera de la cárcel. Esta medida reconoce que la prisión no constituye la respuesta más adecuada frente a delitos relacionados con contextos de empobrecimiento y desigualdad estructural.

Wendy Julieth tiene 29 años y es madre de un niño de cinco años. Su historia refleja una realidad compartida por miles de mujeres privadas de la libertad en Colombia: según cifras oficiales, el 87 % son madres y el 75 % son el principal sostén económico de sus familias. Detrás de estas cifras existen trayectorias marcadas por múltiples formas de exclusión que el sistema penal muchas veces ignora.

Durante los tres años desde la entrada en vigencia de la Ley de Utilidad Pública, en Temblores hemos acompañado a mujeres cuyas historias evidencian cómo las desigualdades estructurales incrementan su exposición al sistema penal. Hemos conocido mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género; mujeres que fueron madres durante la adolescencia; mujeres a quienes no se les garantizó su derecho a la educación; que crecieron en condiciones de pobreza o desplazamiento forzado; que enfrentaron barreras para acceder a empleos dignos; y, en muchos casos, mujeres cuyas madres también estuvieron privadas de la libertad, reproduciendo ciclos intergeneracionales de exclusión.

Sin embargo, durante estos mismos años también hemos encontrado respuestas institucionales profundamente preocupantes. En distintas decisiones judiciales se ha sostenido que, aunque estas mujeres hayan enfrentado graves vulneraciones de derechos, ello no constituye una explicación para la comisión de un delito; que no representan un buen ejemplo para sus hijos e hijas; que trabajar en la economía informal únicamente demuestra un hogar humilde, pero no una condición de marginalidad; o que sus actuaciones responden a un deseo de delinquir y no a una situación de necesidad. Estas interpretaciones desconocen el enfoque de género y las condiciones materiales que precisamente motivaron la expedición de la Ley.

No obstante, la llegada de Wendy ocurre en un momento especialmente relevante. Recientemente, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento que reafirma la necesidad de interpretar la Ley de Utilidad Pública conforme a su finalidad constitucional y con enfoque de género, precisando el alcance de conceptos como la condición de marginalidad y la jefatura de hogar. La decisión judicial que otorgó el beneficio a Wendy incorpora estos criterios, constituyendo un avance importante para la correcta implementación de la medida.

Su caso representa también los resultados concretos de esta política pública. De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho, 268 mujeres han accedido a la Ley de Utilidad Pública desde su creación y, hasta la fecha, ninguna ha reincidido en la comisión de nuevos delitos. Estos resultados muestran que las alternativas a la prisión fortalecen las redes de cuidado y contribuyen a reducir los impactos sociales y económicos del encarcelamiento.

La experiencia de Wendy cobra especial relevancia en un contexto político en el que se han fortalecido discursos que equiparan la seguridad con el aumento del encarcelamiento y el endurecimiento de las penas. Estas perspectivas, propias del populismo punitivo, desconocen la evidencia disponible sobre las causas estructurales de la criminalidad y los efectos desproporcionados que la privación de la libertad tiene sobre las mujeres, sus familias y las personas que dependen de su cuidado.

Por ello, invitamos al ministro de Justicia entrante a conocer la historia de Wendy y la de las otras 267 mujeres que han accedido a esta medida, y a asumir un compromiso decidido con la implementación efectiva de la Ley de Utilidad Pública. Esto implica fortalecer la articulación institucional, eliminar las barreras judiciales que aún limitan su aplicación y garantizar que las mujeres que cumplen los requisitos establecidos por la Ley puedan acceder oportunamente a este mecanismo.

Desde Temblores Ong continuaremos acompañando la implementación de esta medida y promoviendo una justicia restaurativa con enfoque de género, que reconozca las condiciones estructurales que atraviesan la vida de las mujeres y contribuya a romper los ciclos de exclusión que alimentan el encarcelamiento femenino.

Para solicitar más información sobre la Ley de Utilidad Pública pueden contactarnos por mensaje directo.