Valentina Camargo
Investigadora de Temblores ONG
Esta editorial es la segunda parte de una serie de dos en la que presentamos hallazgos sobre violencia sexual perpetrada por miembros de la fuerza pública. En la primera parte realizada por Daniela Rodríguez y titulada “Que pare la guerra contra el cuerpo de las mujeres” 1 se presentó y analizó algunas cifras dadas por Medicina Legal de delitos sexuales desde el año 2017 al 2019.
Esta segunda parte pretende hacer énfasis en las victimas, en la militarización y cosificación del cuerpo de la mujer y de las niñas desde una visión intersectorial, por lo que se analizan dos casos de violaciones frente a niñas indígenas y se contrasta dicha información con los delitos más frecuentes en la base de datos de la Fiscalía.
La violencia contra las mujeres, en la implementación del acuerdo de paz y en tiempos de guerra por actores armados y especialmente por miembros de la fuerza pública, es el resultado de una sociedad estructuralmente patriarcal que subordina y discrimina a las mujeres, una sociedad que legitima el uso de la fuerza para mantener la dominación.
Como sostiene la pensadora feminista Cynthia Enloe (2007)2, la militarización permea y configura la sociedad a través de lo cotidiano, lo que permite introducir los valores militares como propios, otorgando una legitimidad y poder desmedido a los actos militares. “La palabra clave, pues, para entender el militarismo sería: "dominación" y no "militar””3 Así, el patriarcado es esencial para el desarrollo de una sociedad militarizada.
Frente a esta militarización creciente a la que se enfrenta Colombia por un Estado que responde al coronavirus a través de medidas punitivas desde la seguridad y salud pública, temblores ONG ha enviado derechos de petición a algunas instituciones como Fiscalía y Medicina Legal, con el objetivo de indagar sobre las cifras oficiales de delitos sexuales.
En este proceso, encontramos una limitación del acceso a la información oficial sobre delitos sexuales cometidos por miembros de la fuerza pública. En primer lugar, algunas instituciones no responden los derechos de petición; en segundo lugar, las bases de datos de la Fiscalía, el ente que debe investigar y acusar frente a los jueces los delitos sexuales, presentan inconsistencias, un caso puede encontrarse registrado más de cinco veces, la misma victima puede encontrarse en diferentes categorías (estudiante, sin oficio, sin profesión, mesero) y el mismo indiciado puede encontrarse en diferentes categorías (ocupaciones exclusivas de las fuerzas militares, policías, miembros fuerzas militares y policías) lo cual deja la información sin funcionalidad aparente, y por último, existe un subregistro alarmante de casos de delitos sexuales por la ineficiencia de la administración de justicia, el miedo a la revictimización, las amenazas latentes, la normalización de conductas violentas y patrones que nos delega un sistema estructuralmente machista. Estas inconsistencias no permiten percibir las dimensiones reales de los delitos sexuales perpetrados por la fuerza pública.
Como se estableció en la primera editorial de esta serie, desde el año 2017 hasta el 2019, Medicina Legal registró 241 presuntos casos de delitos sexuales cometidos por integrantes de la fuerza pública; en el año 2020, de enero a mayo, Medicina Legal practicó 16 exámenes médicos por el mismo delito, lo que nos deja una suma de 257 hechos “presuntamente” cometidos por miembros de la fuerza pública. De estos 257 casos, 191 víctimas son mujeres y 66 hombres.
Ahora bien, en los años 2019 y 2020 Medicina Legal incorporó el rango etario según el tipo de delito y el presunto agresor, lo que nos permitió observar que en el 2019 las mujeres agredidas fueron en su mayoría adultas mayores de 18 años y en lo que llevamos del 2020 niñas y adolescentes menores de 18 años. 4
Estos datos son preocupantes en tanto reflejan que las niñas, adolescentes y adultas son las sujetas más vulnerables frente a los delitos sexuales presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. Esto responde a una lógica patriarcal de disciplina en un contexto de dominación (público o privado), lo que abre brechas de desigualdad enormes frente a la posición de poder que ostentan los miembros de la fuerza pública y a la causa asociada a la instrumentalización de la que es objeto la mujer o niña agredida.
La lógica de la guerra se sostiene bajo el control y la dominación patriarcal sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Y son los cuerpos, sobre todo los cuerpos de mujeres jóvenes, campesinas, negras e indígenas, los que operan como lugares de intersección. La intersección entre el género, la etnia, la edad y la localización en el territorio de conflicto operan profundizando las discriminaciones contra las mujeres y la articulación del género con otras dimensiones de la identidad, generan formas particulares de desigualdad y discriminación5.
Un caso que representas dichas lógicas es el ocurrido el 21 de junio de 2020, fecha en la que siete soldados violaron a una niña Emberá Chamí menor de 14 años. Ante este hecho la Fiscalía imputó el delito de acceso carnal abusivo, lo que despertó grandes controversias sobre la imputación inapropiada6, ya que los hechos configuraban el delito de acceso carnal violento agravado. Dejando de lado el tecnicismo jurídico, la diferencia entre los dos delitos radica en que el acceso carnal abusivo es la imposibilidad de la persona de disponer del bien jurídico, es decir, la libertad, integridad y formación sexual, y el violento ocurre cuando hay penetración en la que hay violencia, violencia física, psicológica, moral o situacional. Ambas tienen la misma pena, ya que se entienden como violaciones, pero las diferencia el empleo de la violencia. Desde una perspectiva personal considero que debieron imputar el acceso carnal violento agravado, ya que es imposible considerar que hubo algún nivel de consentimiento y efectivamente hubo violencia psicológica y moral cuando una niña de menos de 14 años se encontraba frente a siete hombres armados y uniformados.
El 29 de junio de 2020 se hizo visible el caso de una niña Nukak Makú de 15 años, quien el 8 de septiembre de 2019 fue secuestrada y violada por dos militares en Guaviare por 4 días seguidos en un batallón militar. La niña no hablaba español y la Revista Semana7 contó cómo desde la Fiscalía la revictimizaron haciéndola contar varias veces los hechos, y actuaron con negligencia sin obtener resultados en la investigación.
El caso de la niña Emberá Chamí fue mediático, lo que resultó en la presión de la sociedad a las autoridades responsables, una acusación rápida por parte de la fiscalía, una imputación rápida por parte de los jueces y acompañamiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso de la indígena Nukak Makú se pone en evidencia la violencia institucional y la impunidad de los casos de violencia sexual, que tienen como principales protagonistas al sistema judicial y la Fiscalía. Este ausentismo del Estado vulnera claramente el derecho de las víctimas y propaga un mensaje claro de arraigo a una militarización en las instituciones y de permisividad de delitos sexuales.
Hay que tener en cuenta que la Fiscalía que no nos proporcionó los datos del año 2019, que tiene errores en sus bases de datos, la que es negligente en la investigación de delitos sexuales, es la misma que imputó el acceso carnal abusivo al caso de la niña Emberá Chamí.
Según la base de datos que recibimos de la Fiscalía -y que no cuenta con los datos del año 2019- en los años 2017 y 2018 los delitos más cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas públicas fueron acto sexual con menor de 14 años (43 casos, entre los cuales hay 38 niñas y adolescentes agredidas, 3 niños y 2 personas
inadas), acceso carnal abusivo con menor de 14 años (41 casos, entre los que hay 39 niñas agredidas, ningún niño y dos personas indeterminadas) y acceso carnal violento (33 casos, de los cuales 29 fueron contra mujeres, 3 contra hombres y uno contra una persona indeterminada).
Esta gráfica es preocupante, refleja que en los años 2017 y 2018, 77 niñas menores de edad fueron víctimas de acto sexual y acceso carnal abusivo. Para el delito de acceso carnal violento se encuentra registrado un caso con victima menor de edad. Estas son cifras supremamente alarmantes que muestran dos variables de intersección (edad y genero), victimas frecuentes de delitos sexuales.
De este análisis, se desprende la necesidad que tenemos como sociedad de iniciar un proceso de desmilitarización, que nos permita cambiar y repensar las instituciones, no es posible que siga vigente una fuerza pública que militarice el cuerpo de la mujer, una Fiscalía y un sistema judicial negligente, que revictimizan y desconocen la discriminación sistemática hacia la mujer. Por último, hacemos un llamado a las fuerzas públicas para que reconozcan que el problema es estructural, no manzanas podridas ni casos aislados que se resuelven con despidos y deben formularse medidas serias para combatirse.
1 Daniela Rodriguez. Que pare la guerra contra el cuerpo de las mujeres. 12 de julio de 2020. La Dominical. Temblores ONG. Recuperado de: https://www.temblores.org/post/que-pare-la-guerra-contra-el-cuerpo-de-las-mujeres
2 Enloe, C. (2007). Globalization and militarism: Feminists make the link - Globalización y militarismo: Las feministas hacen el vínculo-. EE.UU: Rowman & Littlefield
3 Mujeres Antimilitaristas M.O.C. (2004). Antimilitarismo y feminismo: el cuestionamiento a la cultura patriarcal de dominación. Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticias/2004/10/6938.pdf
4 Elaboración propia a partir de la base de datos preliminar de lesiones no fatales de causa externa en Colombia (enero a mayo de 2020) disponibles en la página del Observatorio de violencia del INML.
5 La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. 2013. Ruta Pacífica de las mujeres. Recuperado de: https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/La%20verdad%20de%20la%20mujeres%20(Resumen).pdf
6 Revista Semana. Penalistas explican polémica imputación a soldados del caso de niña indígena. Recuperado de: https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/penalistas-explican-delito-imputado-a-soldados-por-violacion-a-nina-indigena/682451
7 Semana TV. Soldados habrían violado a una niña indígena Nukák Makú. Reportaje realizado por Ariel Avila. Recuperado de: https://www.facebook.com/watch/live/v=1124974774554890&ref=watch_permalink