Urbanismo para la exclusión social Arquitectura violenta y exclusión social
Por Daniela Rojas Molina
Investigadora de Temblores ONG
Si usted vive en Bogotá, probablemente ha visto que el puente de la 127 con 9 y el deprimido de la 94 están rodeados de piedras afiladas. Esta es una tendencia que se ha venido dando en las ciudades con la finalidad de construir o alterar los espacios públicos para desalentar su uso. A esta práctica de urbanismo se le conoce como arquitectura o diseño hostil.
La arquitectura hostil sirve como un dispositivo para filtrar quién puede acceder al espacio público y quién no, a pesar de que es un espacio al que toda la ciudadanía debería poder tener acceso en igualdad de condiciones. Además, estos dispositivos desempeñan una suerte de poder de policía porque imponen, de forma sutil, reglas de comportamiento con la finalidad de preservar el orden público.
La arquitectura hostil es muy reveladora porque no es producto de un accidente, sino un proceso deliberado en el que se diseñan, aprueban y financian estructuras urbanas con la finalidad de evitar comportamientos indeseados o excluir ciudadanías del espacio público. Además, es una política que se preocupa más por la estética de la ciudad que por su potencial utilidad.
La arquitectura hostil, en lugar de atacar directamente la pobreza y la desigualdad, asume como solución expulsar ciertas ciudadanías del ojo visible de la ciudad. Parece ser una salida fácil para evitar ver los problemas estructurales, generando un falso sentido de estabilidad y armonía.
El espacio público es un espacio político
A varias personas les escandaliza la idea de permitir que los habitantes de calle habiten el espacio público, o incluso que el Estado adopte políticas permisivas frente a la posibilidad de vivir en la calle. Lo que está detrás de la aplicación de la arquitectura hostil es una demostración de que las personas prefieren saber que los puentes y andenes están “limpios” y “cuidados”, en vez de que sirvan como techo para alguien una noche lluviosa. La arquitectura hostil muestra que, para una parte de la ciudadanía, es preferible invertir recursos para excluir a los habitantes de calle, en vez de invertir esos mismos recursos en políticas sociales.
Es importante pensar que más allá de ser un lugar de encuentro, el espacio público tiene evidentes connotaciones políticas. Es aquí donde se construye y se ejerce la democracia, y por eso la planificación de los espacios urbanos debe habilitar políticas de participación inclusivas que permitan que los ciudadanos tengan incidencia en la apropiación de la ciudad. Podemos hablar verdaderamente de espacio público si éste intenta construir ciudad con base en toda la ciudadanía, incluyendo necesariamente a los habitantes de calle y a los vendedores informales como uno de sus componentes.
El ejercicio democrático parte de ser una experiencia comunitaria que se construye en un horizonte en el que existen otros. A pesar de esto, el uso pleno del espacio público es complejo porque el encuentro entre ciudadanos diversos genera conflicto. Esto es algo que sucede reiteradamente con políticas que pretenden recuperar o cuidar el espacio público, generando conflictos con los vendedores informales y habitantes de calle. En La ciudad conquistada, Jordi Borja explica que la producción social del espacio urbano es una conquista permanente que se produce mediante constantes revoluciones democráticas1. Si consideramos que la ciudad se construye mediante la participación democrática, debemos parar de comprender la ciudad como un espacio hostil e individualista, y más bien promover la construcción de una ciudadanía plural, para así sentar las bases de una vida urbana construida mediante el diálogo.
Del espacio público al derecho a la ciudad
Los ideales tradicionales de orden y espacio público han contribuido a la limitación de los derechos fundamentales de las minorías, más aún para los habitantes de calle y los vendedores informales. En su sentido más formal, y en palabras del Consejo de Estado, el orden público es el conjunto de condiciones de tranquilidad y seguridad necesarias para una convivencia armónica y pacífica en sociedad. Este concepto ha llevado, en contadas ocasiones, a una interpretación restrictiva de la tranquilidad y convivencia ciudadana en la que se excluye a las personas habitantes de calle por suponer que su sola presencia contribuye a crear condiciones de inseguridad que quebrantan la armonía necesaria para mantener el orden público.
Desde Temblores ONG, hemos trabajado por defender un ideal más amplio de orden y espacio público desde un enfoque de derechos humanos, mediante la promoción del derecho a la ciudad. Este derecho parte de la construcción de ciudad dentro de los principios de democracia, sustentabilidad, equidad y justicia social. Así, el derecho a la ciudad es la expresión de los intereses colectivos de la ciudadanía, en un intento por incluir a los grupos más vulnerables en la construcción de identidad ciudadana. Proponemos crear las condiciones para hacer de las ciudades espacios seguros, democráticos y libres de violencia, particularmente frente a poblaciones históricamente marginadas.
¿Entonces cómo vamos en Bogotá? En cuanto a la inclusión de la ciudadanía en calle en la construcción de ciudad, todavía falta un largo camino por recorrer. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP– es la entidad encargada de defender y promover el cuidado del espacio público. Su misión es “el mejoramiento de la calidad de vida de Bogotá, por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio público”. A pesar de que su rol es el de ser garante del espacio público, excluye deliberadamente a la ciudadanía de la calle de sus políticas de acción. Tanto así, que el DADEP tiene un portal de atención2 al ciudadano para reportar la presencia de habitantes de calle en el espacio público y promueven jornadas de intervención en cambuches como acciones de “recuperación y limpieza del espacio público”3.
Es necesario pensar en políticas frente a habitantes de calle que no se basen únicamente en enfoques resocializadores y, además, es necesario partir de la base de la habitancia en calle como una elección de vida protegida por el libre desarrollo de la personalidad, como lo ha reiterado la Corte Constitucional4. Por esto, las políticas urbanísticas deben incluir a los habitantes de calle como ciudadanos “dignos” para el goce del espacio público, y en vez de diseñar para desalentar el uso, se deben buscar estrategias provechosas para hacer de la ciudad un espacio participativo.
La verdadera pregunta que nos debemos plantear con las políticas de recuperación del espacio público es si, además de velar por la preservación del espacio público, se adoptan enfoques integrales que brinden asistencia y que reconozcan los derechos de las personas que habitan en la calle. Como ha denunciado Temblores ONG, las anteriores acciones de las administraciones para recuperar el espacio público, como el Bronx, han significado desplazamiento y violencia de las ciudadanías que son consideradas indeseables. Puede que implementemos políticas urbanas de arquitectura hostil en las ciudades para evitar ver a las personas durmiendo en las calles, pero la verdadera pregunta es: ¿han mejorado nuestras ciudades en políticas que reduzcan la pobreza y la desigualdad, o más bien nos hemos vuelto cada vez más hábiles para ocultar estas problemáticas?
1 Borja, J (3003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial.
2 DADEP. ¿Cómo reportar presencia de habitantes de calle en el espacio público? Obtenido de: https://www.dadep.gov.co/atencion-al-ciudadano/faqs/reportar-presencia-habitantes-calle-espacio-publico
3 DADEP. Distrito recupera espacio público en Humedal Jaboque. Obtenido de: https://www.dadep.gov.co/distrito-recupera-espacio-publico-jaboque
4 Corte Constitucional. Sentencia T-043 de 2015. MP: Jorge Iván Palacio Palacio.