Las acciones guiadas por prejuicios tienden a ser injustas y a perpetuar círculos de violencia. La revisión de los prejuicios es necesaria para actuar de manera éticamente responsable, particularmente cuando uno ocupa lugares de poder y tiene plataformas para replicar un discurso, y más aun si se trata de un funcionario público. Por eso, invitamos al general Sanabria a revisar los prejuicios que se hicieron evidentes en la entrevista con Vicky Dávila publicada recientemente por Semana.
Para empezar, es descuidado y falaz asociar a las personas LGBTI con la seropositividad; no porque haya algo éticamente reprochable en ser una persona seropositiva, sino porque socialmente hay creencias compartidas de que las personas portadoras de VIH tienen una serie de atributos negativos por el simple hecho de ser seropositivas. Así, asociar la seropositividad a las experiencias de vida LGBTI es asociar esos imaginarios compartidos negativos con las personas LGBTI. Además, es una asociación que desinforma, pues no hay que ser una persona LGBTI para poder contraer VIH.
Ahora bien, tanto es falaz asociar a las personas LGBTI con la seropositividad como lo es asociar esta experiencia con la inminencia de la muerte. Existen tratamientos que permiten a las personas portadoras de VIH vivir una vida plena; además, las muertes asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no es sinónimo de VIH, en muchos casos están asociadas a falta de acceso a servicios de salud adecuados y oportunos. Además, de acuerdo con el comunicado de prensa de las Naciones Unidas Enfrentar desigualdades, 40 años de respuesta al VIH, el estigma, la discriminación, las desigualdades y las violencias de género aumentan la vulneración de los derechos de las poblaciones en riesgo.
Es admisible que el General desconozca las medidas y programas de salud sexual de la institución, pero no lo es el hecho de que con su opinión desinforme ampliamente con respecto al uso del condón al afirmar que es un abortivo, cuando este elemento resulta fundamental en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto, de nuevo, dicho desde una posición de poder como la que ocupa el general Sanabria es peligroso, no solo porque desinforma sobre la función del condón como anticonceptivo y preventivo de IETS, sino también porque desconoce por completo que el acceso a métodos anticonceptivos es un derecho humano reconocido tanto a nivel internacional como en políticas nacionales.
El general Sanabria también reproduce una narrativa estigmatizante frente a quienes abortan y pone el ejemplo de mujeres que conoce que han abortado como personas que no dejarán de sufrir por “haber cometido un pecado mortal”. Este tipo de afirmaciones son peligrosas puesto que reproducen ideas estigmatizantes sobre quienes ejercen su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es necesario que estos discursos estigmatizantes no se reproduzcan desde miembros de la Fuerza Pública y aún más necesario que no se divulguen desde posiciones de poder como la que ocupa el general Sanabria. La reproducción, divulgación y legitimación de estos discuros puede promover discriminación y persecusión hacia quienes ejercen su derecho a abortar tanto al interior como por fuera de la institución.
Aparte de expresar peligrosos y descuidados prejuicios, el general Sanabria se destacó en la entrevista por desinformar. Mencionar el artículo 19 del Código Civil de manera reiterativa cuando se le pregunta por el aborto, y mas cuando se habla desde un cargo público, es incurrir en un acto de desinformación. Es la Sentencia C-055 de 2022 la que da la pauta sobre este derecho en Colombia; citar otra norma para hablar de la IVE, con el uniforme puesto, no solo es erróneo sino que representa un obstáculo para la adecuada socialización del fallo de la Corte Constitucional y para que muchas mujeres, personas transmasculinas y no binarias asignadas femenino al nacer puedan ejercer su derecho a una IVE libre de barreras.
Cuando una persona en una posición de poder y en un cargo público asocia en un medio de comunicación masivo el ejercicio del derecho al aborto y el uso del preservativo con el mal puede estar contribuyendo, a través de su discurso, a la negación de los derechos sexuales y reproductivos que permiten a las personas decidir sobre sus propios cuerpos y sus proyectos de vida.
En Colombia la libertad de culto es un derecho reconocido por la Constitución Política en el artículo 19. En dicho artículo se reconoce que toda persona tiene el derecho a profesar libremente su religión. Sin embargo, las declaraciones del General Sanabria obstruyen la libertad de culto de las demás personas que componen la institución policial ya que impone su propia creencia en el funcionamiento doctrinal de la institución. Esto no es nuevo, como es de conocimiento público, el lema de la Policía Nacional (y lo primero que se le enseña al policía) es a decir repetidamente “Di
os y Patria”, lo cual marca uno de los ejes doctrinales de la institución.
Es por medio de la doctrina del enemigo interno que se ha estigmatizado a grupos sociales como obstáculos para el progreso de la nación, imponiendo prejuicios basados en la religiosidad para tratar con diversos actores que hacen parte del conflicto armado colombiano. Lo anterior se evidencia en las declaraciones del General Sanabria cuando este afirma que se han realizado exorcismos institucionales en el contexto de las operaciones policiales con la insurgencia, o cuando se relaciona la existencia del diablo en grupos que se dedican a la criminalidad. Esto es sumamente riesgoso pues la moral religiosa estaría rigiendo parte de la operatividad de la institución y del uso de la fuerza que esta realiza y, si bien en Colombia se reconoce la libertad de culto, también se reconoce la laicidad en las instituciones que componen el Estado colombiano. De esta forma, cuando quienes exigimos una reforma policial nos referimos a los cambios doctrinales, estamos exigiendo que ejes institucionales como el "Dios y Patria" dejen de regir el actuar policial. Cambiar la doctrina implica generar transformaciones simbólicas y narrativas, así como dar garantías del funcionamiento laico de la Policía Nacional, por eso, Sanabria debe abstenerse de dichas declaraciones en las que pone por encima su moral religiosa ante la Constitución colombiana.
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