Galán de puro teatro
- Temblores ONG
- 15 jul
- 21 Min. de lectura
Actualizado: 21 jul
Las puestas en escena de la política de seguridad en Bogotá a un año de su implementación
La política pública de seguridad de una ciudad como Bogotá debe estar articulada con la política nacional de seguridad. Esto quedó consignado en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia 2024-2027 (PISCCJ) de la Alcaldía de Bogotá. Este plan afirma que la alineación estratégica de la política de seguridad Bogotá Camina Segura consiste en la articulación de distintos instrumentos de planeación, que van desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y la Política Pública de seguridad distrital, hasta los 4 programas de seguridad ciudadana que contempla el Plan distrital de Desarrollo en su objetivo 1¹.
Dicha articulación además de estar evidenciada en los documentos normativos de carácter nacional y distrital, también se encuentra al analizar los enfoques que tiene la política de seguridad distrital y los cambios por los que atraviesa la Policía Nacional. Desde 2022 la Policía, al igual que Gobierno Nacional, ha anunciado la continuación del plan de transformación policial iniciado durante el Gobierno de Ivan Duque. Una de las apuestas de la transformación policial es la creación de un nuevo modelo de policía “orientado hacia las personas”. Dicho modelo fue anunciado el 4 de abril del 2024 por el presidente Gustavo Petro en un evento público en el que explicó el “trinomio de la seguridad”, un eje fundamental del nuevo modelo. Según la página del Ministerio de Defensa, el trinomio de la seguridad: “Establece un eje estratégico, integrando el enfoque territorial y diferencial para la comprensión del contexto en el territorio, el cual se consolida mediante la interacción armónica de tres actores esenciales de la gestión territorial, de la convivencia y seguridad, siendo ellos la comunidad, la Policía Nacional y las autoridades quienes participan activamente desde el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades”². Por lo tanto, al ser la Policía una institución de carácter nacional, pero con responsabilidades de carácter local, la articulación con las políticas locales de seguridad es fundamental. Como mostramos más adelante, en el caso de Bogotá, así haya habido un notable distanciamiento en lo discursivo entre el Distrito y la Nación, en lo práctico ha habido acercamientos con respecto al eje del trinomio de la seguridad.
El 30 de mayo de 2024 fue aprobado el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), que lleva el nombre “Bogotá Camina Segura”, el cual coincide con el eslogan de campaña del alcalde Carlos Fernando Galán. Este gesto sugiere que, efectivamente, la seguridad sería una de las políticas más relevantes de la actual administración distrital. Lo anterior se confirma al observar que el presupuesto asignado para seguridad (videovigilancia, justicia y convivencia ciudadana) aumentó 28% en 2024 y 43% en 2025, siendo la seguridad el ítem con mayor aumento, incluso más que el sector hábitat y ambiente³. Esta prioridad discursiva y presupuestal alrededor de la seguridad evidencia que la voluntad política de la Alcaldía de Bogotá es enfocar el gasto público en la seguridad ciudadana. Como mostramos en este reporte, la seguridad ciudadana que promueve la Alcaldía está enfocada en estrategias como la compra de herramientas de dotación policial o patrullajes aéreos para la reducción de cifras del crimen. Mientras tanto, no es claro cómo se busca promover el carácter preventivo de la política de seguridad, que es mencionado con insistencia en el PISCCJ. Para analizar el estado actual de la política de seguridad del Distrito, este reporte se divide en tres secciones. La primera se aproxima a la teatralidad de la seguridad y los costos que se derivan de ella. La segunda analiza las cifras de seguridad y la poca eficacia de la estrategia para reducir los indicadores. Finalmente, la tercera sección expone nuestras principales preocupaciones y recomendaciones ante la situación actual.
Sobrevuelos, ruedas de prensa y la teatralidad de la seguridad:
Para hacerle seguimiento a los anuncios mediáticos a través de los que la Alcaldía ha dado a conocer su política de seguridad, desde Temblores enviamos una serie de derechos de petición y construimos una base de datos de las ruedas de prensa sobre seguridad ciudadana en las que ha participado el alcalde a lo largo su mandato. Construimos una base de datos de 14 ruedas de prensa durante 2024 y 2025 lideradas por el Alcalde, el Secretario de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Así mismo, preguntamos a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional, entre otras cosas, por el costo de los sobrevuelos de helicópteros durante el primer mes de una de las principales estrategias anunciadas para prevenir y disuadir el crimen en la ciudad.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional⁴ y analizada por nuestro Observatorio, entre marzo 5 y abril 10 de 2024, en el marco del primer mes de implementación de la estrategia Bogotá camina segura de la Alcaldía, la policía realizó 29 sobrevuelos por la ciudad con tres helicópteros⁵. Estos sobrevuelos duraron 80,3 horas en total y costaron casi 733 millones de pesos⁶. Por otra parte, la Policía informó que cuenta con 12 drones con los que realiza sobrevuelos preventivos en focos de inseguridad identificados internamente por medio de mesas técnicas con participación de los comandantes de las estaciones de policía y del Centro de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS). Según la institución⁷, una hora de funcionamiento de un solo dron cuesta un millón trescientos ochenta mil pesos ($1.380.000). Adicionalmente, el costo de mantenimiento de un solo dispositivo cuesta un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000). Es decir, una hora de funcionamiento de los 12 drones con el mantenimiento al día tiene un costo de casi 36 millones de pesos⁸. Los principales motivos argumentados por la policía para realizar estos sobrevuelos tripulados y no tripulados fueron la prevención del hurto, el “acompañamiento” a la ciudadanía y al sistema de transporte público, el monitoreo de escenarios de protesta y el acompañamiento a eventos masivos privados realizados en el espacio público, como festivales de música y gastronomía.
Como se puede observar en el mapa 1, durante los 29 sobrevuelos de helicópteros, la localidad de Chapinero fue sobrevolada 22 veces, seguida por Usaquén con 15 veces, Suba con 6 y Teusaquillo con 5. Las 16 localidades restantes fueron sobrevoladas 15 veces en total y localidades como San Cristóbal, Usme y Sumapaz, de las que la Defensoría del Pueblo⁹ ha alertado su valor estratégico para el control territorial de grupos de delincuencia organizada y la expansión de economías ilícitas, no fueron sobrevoladas ni una sola vez. Adicionalmente, los sectores que fueron más frecuentados por los helicópteros durante los sobrevuelos del primer mes de la Estrategia para la prevención del crimen y el monitoreo de la seguridad fueron el Parque de la 93, la Zona T, la Zona G, la Carrera 7 y la Autopista norte entre calles 100 y 170 (ver imagen 1). La recurrencia de los sobrevuelos sobre estos lugares durante el primer mes de la estrategia es una radiografía de cómo una apuesta institucional, que se posiciona de estar sustentada en estudios técnicos imparciales y de ofrecer atención diferenciada a las afectaciones particulares de cada sector y grupo poblacional de la ciudad, focaliza el patrullaje aéreo preventivo en sectores que habitan y transitan las élites económicas y sociales de la ciudad, los cuales no coinciden con los focos de violencia y crimen de Bogotá.
Mapa 1
En paralelo, la Universidad Pedagógica también fue de los lugares más frecuentados en los sobrevuelos de helicóptero, pero para el monitoreo de escenarios de protesta (ver imagen 1). Esto nos levanta preocupaciones sobre cómo usar este tipo de acciones institucionales para abordar los contextos de protesta social en universidades públicas puede tener efectos negativos en el libre ejercicio del derecho a la protesta. Al desconocer la relación histórica de desconfianza entre el movimiento estudiantil y la fuerza pública, estos sobrevuelos pudieron causar miedo y una sensación de vigilancia excesiva, que pudo decantar en formas de hostigamiento y desincentivo de la protesta. En otras palabras, esta medida adoptada en nombre de generar seguridad en la ciudadanía pudo causar un efecto contrario: la sensación de inseguridad de una población particular en el ejercicio de uno de sus derechos constitucionales. Por eso, es importante que se justifiquen los motivos por los que se considera necesaria y efectiva la medida de sobrevolar contextos de protesta social.
Entonces, los sobrevuelos recurrentes sobre estos dos tipos de lugares mencionados anteriormente dan insumos para ver cómo esta medida de la policía, más allá de estar pensada para generar resultados medibles en la reducción de los niveles de crimen en Bogotá de forma estratégica y especializada, está enfocada en mejorar la percepción de seguridad de ciertos sectores de la sociedad. Esto, a costa de la hipervigilancia y el hostigamiento de otros sectores sociales históricamente marginados y perseguidos por el Estado y a partir de la producción de una escena performática como poner a volar dispositivos de vigilancia sobre la ciudadanía como muestra del poder del Estado. Así, es evidente que esta política de seguridad y las medidas concretas que la materializan están atravesadas por imaginarios sociales que producen y reproducen implícitamente un sistema de valor que privilegia los intereses y percepciones de sectores sociales históricamente poderosos sobre los de la ciudadanía en general y sobre los de los sectores más afectados por la violencia y la inseguridad en Bogotá. De esta manera, el abordaje de la seguridad en la ciudad se termina traduciendo en prácticas estatales diferenciadas que buscan hacer sentir seguros a unos cuantos, mientras controlan, vigilan y reprimen a otros, a quienes también deberían garantizar una vida digna y segura.
Como plantean Jean y John Comaroff¹⁰, existe una conexión entre el poder estatal y los imaginarios sociales de legalidad, seguridad y orden. Para estos antropólogos, el drama y la teatralidad estatal cumplen un papel en la vigilancia y el control del Estado sobre la ciudadanía. Pues, a través de distintas puestas en escena, como el patrullaje aéreo, que se alimentan de los imaginarios tradicionales de seguridad y orden, se busca mostrar al Estado como una entidad poderosa, visible y tangible, además de efectiva para cumplir su función de garantizar la seguridad de la ciudadanía¹¹. En ese sentido, más allá de ser una estrategia de seguridad basada en evidencia empírica y conocimiento técnico, como lo quiere hacer ver la Alcaldía, estos sobrevuelos son el despliegue de una teatralidad estatal, que busca producir en ciertos sectores sociales una sensación de seguridad y orden basada en imaginarios de vigilancia y control de la ciudadanía, mientras proyecta la imagen de un Estado fuerte con capacidades tecnológicas para garantizarla. En otras palabras, esta información sobre el costo y los lugares de patrullaje de los helicópteros y los drones de la Policía durante el primer mes de implementación de la estrategia de seguridad de la Alcaldía dilucida que, además de ser una medida alarmantemente costosa, se concentra en mejorar la percepción de seguridad en los sectores que habitan las élites sociales y económicas de la ciudad. Esto a partir de reforzar imaginarios tradicionales sobre la seguridad asociada a la vigilancia y al control de los cuerpos.
Imagen 1: Lugares de la ciudad sobre los que se realizaron los 29 sobrevuelos
Esta teatralidad mencionada anteriormente también se evidencia en las puestas en escena durante las reiteradas ruedas de prensa sobre seguridad ciudadana que la Alcaldía ha realizado durante sus primeros dos años de administración. De las 14 ruedas de prensa que analizamos, identificamos que en 6 de ellas hubo exposición pública de personas detenidas, ubicadas detrás del Alcalde, el Secretario de Seguridad y el Comandante de la MEBOG. De esta manera, la exposición de personas capturadas como trofeos que indican el éxito de la estrategia y como una forma performática de ostentar el poder del Estado, se ha consolidado como la principal apuesta de la Alcaldía para comunicar su estrategia de seguridad. Esta apuesta institucional vulnera el derecho a la presunción de inocencia de las personas que son expuestas, pues las personas capturadas no han sido condenadas aún. Así mismo, consideramos que esta exposición tiene una alta carga simbólica, pues difundir públicamente los rostros de presuntos criminales aviva conflictos y tensiones sociales, los cuales pueden impactar en los ya difíciles procesos de resocialización de las personas que cometen delitos. Esta puesta en escena se complementa con la estrategia de los sobrevuelos, las cuales envían un mensaje de vigilancia y control sobre la ciudadanía, atado a la exposición del castigo por los hechos delictivos que se puedan cometer. Sin embargo, este mensaje ignora una mirada más abierta y profunda de cómo, desde el respeto por el Estado de derecho, las autoridades pueden trabajar para dar garantías de seguridad, más allá de capturar personas y llamarlas criminales. Finalmente, estas puestas en escena contribuyen a encapsular la discusión sobre la seguridad en un campo que la politiza. Vemos los rostros del Alcalde y su Secretario de Seguridad con la mirada en alto contrapuestos a los rostros de los presuntos criminales que miran al piso en la parte de atrás. Estas ruedas de prensa escenifican la derrota de los primeros sobre los segundos, mientras que en la ciudad las condiciones para la continuación del crimen siguen reproduciéndose.
2. Los números sobre seguridad ciudadana tras un año de implementación de la Estrategia:
Análisis de delitos:
Según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), en el 2025 (con fecha de corte al 30 de abril) se presentaron 41.135 casos de hurto a personas, 605 casos de extorsión, 378 casos de homicidio, 15.305 casos de violencia intrafamiliar y 2.596 casos de delitos sexuales. En la siguiente tabla se observan las cifras correspondientes al año 2023¹², 2024 y 2025.
Delitos Bogotá según datos del SIEDCO | |||
Delito | 2023 | 2024 | 2025 |
Hurto a personas | 158.763 | 130.504 | 41.135 |
Extorsión | 1.527 | 2.642 | 605 |
Homicidio | 1.084 | 1.214 | 378 |
Violencia intrafamiliar | 36.549 | 43.771 | 15.305 |
Delitos sexuales | 6.782 | 9.668 | 2.596 |
Tabla 1 - Delitos Bogotá según datos del SIEDCO
Si se comparan las cifras entre 2023 y 2024 (año en el que entró en vigencia el plan de gobierno Bogotá Camina Segura) es posible observar que se presentó una disminución del delito de hurto a personas, con un 18%, pero que los demás delitos aumentaron. La extorsión aumentó 73%, el homicidio 12%, la violencia intrafamiliar 20% y los delitos sexuales 42,5%.
Uno de los principales propósitos del “Plan integral de seguridad, convivencia ciudadana y justicia 2024-2027” es que en el 2027 la cifra de homicidios por 100.000 habitantes sea de 8,0. Para el 2024 esta cifra fue de 15,24. En la siguiente tabla se observan las cifras de delitos por 100.000 habitantes correspondientes al año 2023, 2024 y 2025.
Delitos Bogotá por 100.000 habitantes | |||
Delito | 2023 | 2024 | 2025 |
Hurto a personas | 2.229,3 | 1.645,8 | 517,9 |
Extorsión | 21,36 | 33,3 | 7,6 |
Homicidio | 15,16 | 15,24 | 4,76 |
Violencia intrafamiliar | 511,2 | 551,8 | 192,7 |
Delitos sexuales | 95,06 | 121,9 | 32,6 |
Tabla 2 - Delitos Bogotá por 100.000 habitantes
Ahora bien, al analizar únicamente los años de implementación del plan de gobierno Bogotá Camina Segura sin tomar como referencia años anteriores, es posible observar que, al comparar el periodo entre enero y abril de 2024 y 2025, la extorsión disminuyó 19%, los delitos sexuales disminuyeron 11% y el hurto a personas disminuyó 5,6%. Sin embargo, el homicidio aumentó 5,5% y la violencia intrafamiliar 32%. Así se observa en la siguiente tabla.
Comparativo delitos periodo enero a abril | |||
Delito | 2024 | 2025 | Diferencia |
Hurto a personas | 44.645 | 41.135 | ↓5,6% |
Extorsión | 747 | 605 | ↓19% |
Homicidio | 358 | 378 | ↑ 5,5% |
Violencia intrafamiliar | 11.565 | 15.305 | ↑32% |
Delitos sexuales | 2.924 | 2.596 | ↓11% |
Tabla 3 - Comparativo delitos Bogotá periodo enero a abril
A pesar de que el hurto presentó una disminución, esta no es una disminución significativa teniendo en cuenta la inversión presupuestal que se ha realizado desde la Alcaldía para estrategias como los patrullajes aéreos.
Por otro lado, es alarmante el aumento de los casos de violencia intrafamiliar. A pesar de que en el “Plan integral de seguridad, convivencia ciudadana y justicia 2024-2027” hay una línea estratégica denominada “Mujeres vivas, comunidades seguras”, esto no se ha materializado en acciones que generen mayores garantías de seguridad para las mujeres. Los estudios feministas sobre la seguridad han enfatizado en que las violencias de las que son víctimas las mujeres no pueden ser abordadas desde una comprensión que “banaliza la violencia de género dentro de un ‘orden de cosas’, por un lado, y donde se priorizan las operaciones, políticas y discursos que encuentran directamente compatibles con el combate a las ‘amenazas de estado’”¹⁴. En ese sentido, estrategias como la adquisición de drones o el sobrevuelo de helicópteros son puestas en escena que no impactan en la prevención ni atención de la violencia intrafamiliar.
Finalmente, basados en la información que se puede visualizar en el Análisis General de delitos de la Secretaría de Seguridad¹⁵, las localidades donde han aumentado más delitos¹⁶ son Santa Fe, Puente Aranda, Teusaquillo y Tunjuelito. Estas localidades también fueron identificadas por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 004-24 como lugares donde se presentan dinámicas de disputa por el control del territorio y expansión de la presencia de grupos delincuenciales, afectando particularmente a población socialmente estigmatizada como personas habitantes de calle, recicladoras, trabajadoras sexuales, usuarias de sustancias psicoactivas y con orientación sexual o identidad de género diversa¹⁷.
Análisis de capturas:
El 22 de mayo del 2024 el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la captura de 90 personas al día¹⁸ como una estrategia fundamental para la reducción del delito y un logro en sí mismo de la implementación del plan de gobierno Bogotá Camina Segura. Según las cifras de la Policía Nacional¹⁹ entre 2024 y 2025 se han presentado un total de 43.798 capturas. En el 2024 se presentó un promedio de 87,8 capturas al día en Bogotá, mientras que en el 2025, con fecha de corte al 30 de abril, se ha presentado un promedio de 97 capturas diarias en la ciudad.
La presentación de las capturas masivas como un logro en sí mismo es un enfoque de la seguridad ciudadana que debe ser cuestionado en términos de efectividad. Este ha sido promovido con la exposición de personas capturadas en ruedas de prensa, como se mencionó previamente. Si bien las capturas pueden generar una sensación inmediata de acción y control, su uso como indicador central de éxito de las políticas de seguridad ignora los problemas estructurales que perpetúan el delito, como la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades laborales y el debilitamiento de las redes comunitarias.
Según las cifras de la Policía Nacional, una cuarta parte de las capturas diarias en 2025 corresponden a hurto a personas, una conducta muchas veces asociada con economías informales²⁰, empobrecimiento y falta de acceso a medios de vida digno. Si gran parte de estas capturas recae en personas reincidentes por delitos menores y no en quienes lideran las estructuras de criminalidad, esta estrategia termina operando como una medida que puede profundizar la exclusión social de quienes se encuentran en los eslabones más bajos de las cadenas de criminalidad y no en una transformación estructural del crimen.
Por otro lado, el hecho de que se registren más de 43.000 capturas en poco más de un año abre interrogantes sobre la sostenibilidad institucional de esta estrategia ¿Qué tipo de procesos judiciales se siguen tras estas capturas? ¿Cuántas derivan efectivamente en condenas? A esto se le suma el desgaste operativo de la Policía Nacional en la implementación de esta medida. Mantener un promedio de casi 100 capturas diarias requiere una intensificación constante de labores de patrullaje, vigilancia y trámites administrativos. Esta sobrecarga implica que en muchos casos los policías deban destinar gran parte de su tiempo a procesos de judicialización, lo que reduce su capacidad para desarrollar otras labores.
Así mismo, las capturas masivas pueden terminar agravando el problema de hacinamiento en estaciones de Policía, que en Bogotá ya operan por encima de su capacidad²¹ y con condiciones inadecuadas para la detención prolongada de personas. En el 2022 la Corte Constitucional extendió el estado de cosas inconstitucionales por hacinamiento a los centros de detención transitoria²². Como lo señalamos en nuestro informe Bolillo, Dios y Patria II, la custodia de personas privadas de la libertad por parte de uniformados de la Policía termina generando una sobrecarga de funciones y, sumado a las malas condiciones de infraestructura, esto se convierte en un escenario propicio para la violación de derechos humanos de personas que están bajo la custodia estatal²³.
Finalmente, la forma en la que son presentadas estas capturas mediáticamente también pasa por una teatralidad del Estado. Desde la Alcaldía de Bogotá se ha vuelto común mostrar en ruedas de prensa a personas capturadas, incluso antes de que hayan sido condenadas. Esta escenificación mediática no sólo responde a una estrategia de comunicación para dar cuenta de resultados inmediatos en materia de seguridad, sino que vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia. Al convertir estas capturas en una presentación mediática, se traslada la decisión de los tribunales a la opinión pública, generando condenas sociales anticipadas y fortaleciendo un escenario de punitivismo que legitima el castigo antes que el debido proceso. Así, más que comunicar avances institucionales, se termina estigmatizando a personas cuya responsabilidad penal aún no ha sido determinada. Por otro lado, hemos observado que capturas por delitos menores o que responden a comportamientos contrarios a la convivencia, son presentadas como grandes logros en materia de seguridad.
Imagen 2: Tweet emitido el 21 de marzo de 2024. Tomado de:
Imagen 3: Tweet emitido el 4 de agosto de 2024. Tomado de:
En la imagen 3 se observan al menos 10 policías implicados en este operativo. Por lo tanto, podría decirse que estas estrategias mediáticas requieren un gran despliegue institucional sin que este genere un impacto significativo en la reducción de los delitos o en el desmantelamiento de las estructuras de criminalidad.
3. Preocupaciones:
1. Obstaculizado acceso a la información:
Para la realización de este reporte, solicitamos en dos ocasiones a la Secretaría de Seguridad vía derecho de petición información sobre el sustento técnico, los indicadores de evaluación y las medidas a implementar en el marco de la política distrital de seguridad. El 21 de marzo de 2024, pocos días después del anuncio de lanzamiento de la Estrategia, radicamos la primera solicitud ante la Secretaría, de la que obtuvimos respuesta en los tiempos que establece la ley. El 10 de marzo de 2025, casi un año después, enviamos un segundo derecho de petición. El 17 de marzo, pese a que el formulario de preguntas era muy similar al del primer derecho de petición, la Secretaría respondió argumentando que la información solicitada era de competencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Frente a esa respuesta evasiva, el 20 de marzo, enviamos un recurso de insistencia, poniendo de manifiesto las competencias que el Acuerdo 637 de 2016 le atribuye a la Secretaría de Seguridad. El 31 de marzo recibimos respuesta a nuestra insistencia, en la que la Secretaría siguió argumentando falta de competencia. Ante la falta de una respuesta completa y de fondo, recurrimos a la acción de tutela por la vulneración al derecho de petición y la libertad de la información, la cual radicamos el 10 de abril. Luego de ser notificada de esta acción judicial, la Secretaría de Seguridad dio respuesta a nuestras solicitudes el 14 de abril, con información con la que sí contaba realmente. Desde Temblores lamentamos esta actitud poco transparente de esta institución del Distrito. No debería ser necesario tener que tomar vías judiciales para que la institucionalidad garantice el acceso a información de interés público.
2. Mucha teatralidad, poca efectividad:
Como hemos evidenciado a lo largo de este reporte, una de las grandes apuestas en materia de seguridad de la Administración distrital es la puesta en escena, a través de prácticas como grandes anuncios mediáticos, ruedas de prensa, capturas masivas y sobrevuelos de helicóptero, con el fin de producir y promover, en especial en sectores sociales hegemónicos, un imaginario alrededor de su política de seguridad como robusta, con las capacidades necesarias, basada en conocimiento técnico y efectiva para bajar los niveles de criminalidad en la ciudad. Sobre esto, nos preocupan tres aspectos. En primer lugar, que la política de seguridad del Distrito se fundamente en aproximaciones securitistas que leen a la ciudadanía, y particularmente a los sectores sociales más empobrecidos y marginados, como potenciales amenazas a la seguridad, lo cual niega las condiciones estructurales de desigualdad y los entramados complejos de relaciones de poder como fuentes de conflictividad social. En segundo lugar, nos preocupa que esta aproximación de la seguridad se concretice, por un lado, en anuncios mediáticos grandilocuentes que promueven discursos de mano dura, como en prácticas de estigmatización y persecución de sectores sociales empobrecidos. Todo esto, mientras los resultados en materia de reducción de delitos cometidos en Bogotá no son efectivos, debido a que la política no cuenta con estrategias reales para abordar los problemas de seguridad de manera compleja centrándose en los actores y nodos que conforman las redes de criminalidad y que alimentan las economías ilegales. En ese sentido, también nos preocupa que el gasto público invertido en esta política de seguridad se concentre en aspectos como la adquisición de elementos y vehículos de dotación policial y los patrullajes aéreos, en vez de ser una apuesta interinstitucional e intersectorial que plantee políticas sociales de prevención del crimen.
3. ¿Y el enfoque preventivo?
Aunque en los documentos oficiales de la política de seguridad de la Alcaldía, como el “Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia 2024-2027”, se menciona con insistencia la importancia de un enfoque preventivo en el abordaje de la seguridad, en la práctica no es claro cómo este enfoque se está materializando. Las acciones presentadas por la Alcaldía a través de ruedas de prensa, patrullajes aéreos, capturas masivas y exposición mediática de las personas detenidas responden más a estrategias reactivas que a una prevención estructural del delito. Ni en los discursos públicos ni en la ejecución presupuestal hay claridad sobre cómo se está llevando a cabo el enfoque preventivo prometido. Por el contrario, la inversión más visible se ha concentrado en herramientas de vigilancia y operativos policiales, mientras se desconoce qué programas comunitarios o de fortalecimiento del tejido barrial se han impulsado para prevenir la criminalidad de forma integral.
4. Guardianes del orden:
En marzo de 2025, altos funcionarios del Distrito anunciaron que a partir de mayo entraría a operar la estrategia de los “Guardianes del orden”, un grupo de personas, entre ellas integrantes retirados de la fuerza pública, que buscan apoyar a la Policía en situaciones de convivencia y orden público, actuando como mediadores y generando alertas tempranas²⁴. Además, de acuerdo con El Espectador, para 2025, la Policía busca crear 500 nuevos frentes de seguridad en todas las localidades de Bogotá, que se sumarán a los 1.986 ya existentes. Adicionalmente, durante el primer año de la administración de Galán, la creación de estos frentes aumentó en un 503%, pasando de 98 creados en 2023 a 493 en 2024²⁵. Nos preocupa que se adopten este tipo de medidas que buscan involucrar más a la ciudadanía en la gestión de la seguridad y la convivencia con el argumento del “trinomio de la seguridad”, a través de la institucionalización de actores y prácticas paraestatales. Por eso, es indispensable que, así como hicieron el anuncio de la estrategia con todo su eco mediático, los altos funcionarios de la Alcaldía den a conocer públicamente mayores detalles de las estrategias de “guardianes del orden” y de frentes de seguridad, sus alcances y su funcionamiento.
5. Capturas masivas que profundizan la problemática de hacinamiento:
En el 2025 se han llevado a cabo un promedio de 97 capturas en la ciudad. Estas capturas han sido presentadas mediáticamente como un logro en sí mismo, sin que exista claridad sobre su impacto real en la reducción de los delitos. Nos preocupa que las capturas masivas terminen agravando el problema estructural de hacinamiento en los centros transitorios de detención, como las estaciones de policía. La intensificación de las capturas sin una estrategia paralela de descongestión de los centros de detención, inversión en justicia restaurativa o fortalecimiento de medidas alternativas a la prisión, pueden traducirse en una sobrecarga del sistema judicial y en una profundización de factores de exclusión y marginalidad que recaen sobre los círculos de las personas capturadas, así como en una agudización de escenarios de vulneración de derechos humanos dentro de los centros de detención.
6. Abordaje tradicional de la seguridad que deja de lado enfoques diferenciales:
La estrategia de seguridad impulsada por la Alcaldía de Bogotá se ha centrado en un enfoque reactivo, privilegiando una mirada tradicional de la seguridad en donde las acciones se basan en el endurecimiento de las medidas. Este abordaje termina dejando de lado componentes fundamentales para una comprensión integral de la seguridad, como la incorporación de enfoques diferenciales o de miradas feministas de la seguridad en el diseño y ejecución de la política pública. Dentro de las acciones implementadas no se observan estrategias orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar o los feminicidios. La evidencia de esta omisión es el aumento del 32% en los casos de violencia intrafamiliar en el periodo enero-abril de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento resulta alarmante, especialmente en contraste con las inversiones en dispositivos como helicópteros y drones, cuya utilidad para prevenir este tipo de violencias basadas en género es nula. La seguridad para las mujeres no puede construirse desde una lógica reactiva o de vigilancia, sino que requiere intervenciones que aborden las causas estructurales de la violencia basada en género y garanticen acceso a las rutas de atención.
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Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (2024). Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCCJ) Bogotá Camina Segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado
Concejo aprobó el Presupuesto Distrital de 38,4 billones para Bogotá en 2025. Alcaldía de Bogotá.
Información suministrada por la Policía Nacional en respuesta a derecho de petición con número de oficio GS-2024-198227/COMAN-ASJUR-13.
Modelos Bell-407, Bell-206 y Hughes-500.
$732.742.459 COP.
Información suministrada por la Policía Nacional en respuesta a derechos de petición con números de oficio GS-2024-198227/COMAN-ASJUR-13 y GS-2025-167416/COMAN-ASJUR-13.
35.760.000 COP.
En sus Alertas tempranas 005 de 2022, 010 de 2021 y 086 de 2018.
Comaroff, J., & Comaroff, J. (2004). Criminal obsessions, after Foucault: Postcoloniality, policing, and the metaphysics of disorder. Critical Inquiry, 30(4), 800–824.
Citando al etnógrafo británico, Malcolm Young, los Comaroff argumentan que: “así ocurre con el espectáculo de la vigilancia policial, cuya escenificación busca encarnar (…) la cara autorizada y la fuerza del Estado. (...) Moviliza ‘ilusión, praxis e imagen’ en ‘producciones sociales bien dirigidas’, desplegando ‘arquetipos míticos (...) en juegos exagerados de ‘policías y ladrones’’. Melodrama vestido de azul, por así decirlo” (pp. 804 - 805).
Aunque el enfoque de este reporte es la evaluación de la política de seguridad "Bogotá Camina Segura" implementada en el primer año del gobierno de Carlos Fernando Galán, resulta metodológicamente relevante incluir datos del año 2023, durante la administración de Claudia López. Evaluar el impacto de un nuevo enfoque requiere contrastarlo con el contexto anterior. Tomar como referencia el año 2023 permite identificar tendencias y niveles de criminalidad previos. Así se puede evaluar qué aspectos han cambiado o permanecen constantes.
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (2024). Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCCJ) Bogotá Camina Segura. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Jungs de Almeida, A (2025). Estudios feministas de seguridad desde América Latina y el Caribe.
Teniendo en cuenta únicamente los delitos de hurto a personas, extorsión, homicidio, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Defensoría del Pueblo. (2024). Alerta Temprana N.º 004-24 sobre riesgos a la población civil en localidades de Bogotá D.C.
Por ejemplo, en un estudio sobre reincidencia criminal se expone que: “En un país con amplia cantidad de trabajadores informales, muchos de los internos se habían integrado a economías de este tipo, vendiendo frutas en las calles, reciclando basura o montando pequeños negocios en el espacio público. En estos casos, los internos que formaron parte de la economía informal manifestaron haber sido permanentemente acosados por la policía con base en los amplios poderes discrecionales que se derivan de la legislación que regula la venta de productos en el espacio público. Por lo anterior, debieron abandonar sus actividades laborales informales y terminaron delinquiendo como forma de subsistencia”.
Ariza, L. J., Iturralde, M., & Tamayo Arboleda, F. L. (2020). De la cárcel al barrio. Caracterización cualitativa de la reincidencia criminal en Colombia.
Corte Constitucional (2022). Extensión del estado de cosas inconstitucionales por hacinamiento en centros de detención transitoria.
Cambio (2025). ¿Qué son los Guardianes del Orden y cómo cambiarían la seguridad en Bogotá?.
El Espectador (2025). “Guardianes del orden”, la nueva estrategia de Galán para enfrentar la inseguridad.