Cuerpos disidentes, registros fragmentados




María Camila Granados

Investigadora de Temblores ONG


Laura Becerra

Investigadora de Temblores ONG


Anyela Ramos Claros murió el 9 de febrero de 2017 a causa de un disparo que le propinó su agresor mientras trabajaba en su peluquería, ubicada en Garzón, Huila. Este fue el primer caso de homicidio contra una mujer trans que la justicia colombiana reconoció como feminicidio agravado. La sentencia resaltó que la muerte de Anyela se había tratado de un crimen por prejuicio, motivado por su orientación sexual e identidad de género.


Durante los últimos cinco años han muerto de manera violenta más de 1.300 personas TLGB en América Latina y el Caribe, según precisa el informe El prejuicio no conoce fronteras*. Estas víctimas, además de enfrentarse a las violencias colectivas que tienen lugar en el espacio público y privado, tienden a ser revictimizados al momento de ser llevadas al sistema penal. El caso de Anyela es solo uno más de los que ocurren a diario. Muchos de esos homicidios ni siquiera llegan a ser investigados o sancionados.


Las falencias en el registro de hechos violentos contra las personas que están fuera de la heterocisnorma constituyen una forma de violencia institucional que condiciona el acceso a la verdad, a la transparencia de los datos y a la justicia de las víctimas. Pese a las cifras alarmantes de violencia homicida contra la población TLGB, en los Estados siguen desdibujados los lineamientos de unas políticas públicas adecuadas que permitan prevenir y condenar a los y las victimarias.


Encasillando la diversidad


Al momento de denunciar casos de violencias, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, se encuentran con un sistema de recolección de datos que en la práctica los sigue encasillando en los opuestos de mujer u hombre, ignorando los procesos de tránsito, las trayectorias y las formas no binarias.


Las implicaciones de estas omisiones en los registros oficiales van más allá de las cifras. Registrar y reconocer a una víctima como mujer trans, independientemente de lo que indica su sexo en los documentos estatales de identidad, resulta esencial para establecer un posible feminicidio. Identificar a su vez los liderazgos y vinculaciones a organizaciones TLGB permite prevenir daños y amenazas fundadas sobre la homofobia y transfobia, y generar alertas tempranas. Construir sobre la interseccionalidad es la única manera de tener un enfoque diferencial para el seguimiento de estas violencias y que se haga efectiva la igualdad atendiendo a necesidades y características específicas.

La Fiscalía, por ejemplo, incluye la pertenencia a la comunidad TLGB como una variable de caracterización. Sin embargo, esta es excluyente con otras categorías de ocupaciones, grupos étnicos, roles sociales y de liderazgo, y otras condiciones de vulnerabilidad. Para esta institución, se es estudiante o perteneciente a la población TLGB, pero no las dos. Se es afro o gay. Se es campesina o mujer trans. En la mayoría de casos prevalece la ocupación.


En un derecho de petición, Temblores ONG solicitó a la Fiscalía y a Medicina Legal información estadística sobre los homicidios y lesiones reportados entre enero de 2019 y mayo de 2020. Mientras la primera institución registró 24 asesinatos y 3 lesiones a personas de géneros u orientaciones sexuales diversas**, la segunda reportó en el mismo periodo 58 y 668, respectivamente***. Esta última, de manera más precisa, integra la pertenencia a la población TLGB como un grupo vulnerable diferente a la ocupación, pero continúa siendo excluyente con otras vulnerabilidades como ser habitante de calle o trabajadora sexual.


El subregistro y la falta de información no pueden seguir siendo impedimentos para reconocer y hablar públicamente de los atropellos contra las personas TLGB como materialización de la discriminación y vulneración de derechos de esta comunidad. La transparencia y claridad de los datos son el primer paso para el acceso a la justicia de las víctimas. La existencia de recursos judiciales y su idoneidad para que las investigaciones sean fructíferas y verídicas deben ser la regla y no la excepción.


Los altos niveles de subregistro de datos desconocen e invisibilizan los derechos de las víctimas, enviando un mensaje claro de impunidad a los perpetradores. Mientras tanto, en los cuerpos disidentes se sigue inmortalizando la violencia simbólica, física y psicológica. No hay un estado que los proteja, que atienda sus denuncias y construya políticas públicas encaminadas a desestructurar la discriminación.


Aunque desde el 2013 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a los países miembros, entre ellos Colombia, a producir información estadística sobre violencia contra personas TLGB, todavía hay una ausencia de datos y de mecanismos adecuados para recolectarlos.


Para construir datos incluyentes


El Estado está en deuda con las víctimas, aquellas personas que han sido asesinadas y revictimizadas. En los registros de violencia homicida y lesiones, las instituciones siguen dando prelación al sexo, por lo que recomendamos que también sean incluidos antecedentes de amenazas o agresiones, el rol de líder o lideresa en organizaciones sociales, pertenencias étnicas y situaciones de vulnerabilidad como habitabilidad de calle, discapacidad o condición de migrante.


En el caso de la Fiscalía, los sistemas de registro de información tienen que estar acompañados de lineamientos que permitan llevar a cabo investigaciones penales por crímenes contra personas LGBT, y deben contar con un diseño de investigación rígido para hacer una adecuada tipificación. Además, es necesario reconocer la violencia por prejuicio como una posible hipótesis investigativa de la causa de la lesión o de la muerte.


Finalmente, es fundamental que entre las instituciones exista un diálogo y armonización de los datos que registran. Asimismo, resulta imprescindible identificar cuáles son las falencias que parten del acceso a la justicia para las víctimas, la imposición de la denuncia, el reporte del hecho violento y la resolución de las investigaciones judiciales.

* Elaborado por 10 organizaciones que conforman la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (2019).

** Información brindada por la Fiscalía General de la Nación mediante el Radicado No. 20201400001691, en respuesta al derecho de petición enviado desde Temblores ONG.

*** Información brindada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante el oficio No.455- DG-2020, en respuesta al derecho de petición enviado desde Temblores ONG

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