Que pare la guerra contra el cuerpo de las mujeres




Daniela Rodríguez Investigadora de la plataforma GRITA



Esta editorial es la primera de la serie de dos en las que presentaremos algunos hallazgos sobre violencia sexual perpetrada por miembros de la fuerza pública del país. La intención aquí es presentar algunas cifras dadas por Medicina Legal de los años 2017 al 2019 y plantear unas preguntas que surgen de su análisis.


En estas semanas ha saltado a los medios de comunicación y al debate público la responsabilidad que tienen agentes de las fuerzas militares, en agresiones y delitos sexuales contra niñas indígenas en el país. Esta realidad ha sido silenciada e invisibilizada a pesar de que organizaciones de mujeres1, feministas y hasta el Acuerdo de paz firmado por Farc y el Estado en el 2016, han llamado fuertemente la atención frente a los impactos diferenciados que tiene el conflicto armado y la militarización de los territorios en los cuerpos de las mujeres.


La agresión sexual es una estrategia de guerra que, en palabras de Rita Segato, “pasa a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño letal que es simultáneamente material y moral.”2 Lo que puede leerse claramente en el impacto que tiene un acto violento de este tipo para las comunidades indígenas. La violencia sexual cometida por hombres pertenecientes a un grupo armado daña el tejido comunitario, vulnera no solo el cuerpo de la menor violentada, sino que, además, fractura moralmente una comunidad que históricamente ha sido racializada, criminalizada y vulnerada por el Estado.


Lo anterior también permite comprender la importancia de considerar este tipo de actuaciones, que vulneran el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir una vida sin violencia, como sistemáticas y estructurales. Además, permite comprender su relación directa con un ejercicio de poder que afecta a poblaciones vulnerables en contextos de conflictos sociales y armados. Rita Segato refiere a esto cuando dice, “La violación, toda violación, no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad. (…) hay una estrategia dirigida a algo mucho más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder.”3


En reconocimiento de la importancia que hay en posicionar este problema estructural y visibilizar los casos aún no conocidos y sus contextos, es que hemos enviado derechos de petición a algunas instituciones como Medicina Legal y Fiscalía, para poder conocer las cifras institucionales –que claramente son insuficientes por el suberegistro- que existen frente a delitos sexuales ejercidos por la policía y las fuerzas militares del año 2017 al 2019.


Según Medicina Legal, en el año 2017 se registraron 54 casos de delitos sexuales en los que los “presuntos agresores” son miembros de las fuerzas militares y policiales. Para el 2018 se habla de 101 casos y 86 para el 2019. En todos los años, las personas más agredidas fueron las mujeres, quienes ocupan el 74% de los casos. El lugar en donde se concentra la mayoría de estos hechos es Bogotá. Es importante resaltar que del año 2017 al 2018 hay un cambio considerable en la cantidad de casos donde el presunto agresor son las fuerzas militares, pasando de un año al otro de 18 casos a 68. Así son los datos:



Otro dato a resaltar es el factor de vulnerabilidad y las ocupaciones que distingue Medicina Legal. Según las cifras, las personas que más han sido agredidas sexualmente son las que Medicina Legal denomina como “adictas a una droga natural o sintética” -es importante mencionar que me referiré a estas personas como consumidoras y no como adictas así esta sea la categoría usada por esta institución-, y estudiantes. Por ejemplo, en el 2017, de los 54 casos registrados por delitos sexuales, 29 eran estudiantes y, de esas 29, 13 eran personas consumidoras a alguna droga sintética o natural. Sus “presuntos agresores” fueron policías con 13 casos y militares con 11. En 2018 las cifras crecieron: de 101 casos 70 eran estudiantes, 40 de ellas consumidoras a alguna droga sintética o natural, y en 40 de estos casos los “presuntos agresores” fueron militares.

En el 2019 se presentan 86 casos en total, de los que 49 corresponden a estudiantes y 29 de ellas son categorizadas con un factor de vulnerabilidad por ser consumidoras a alguna droga sintética o natural; los militares son responsables de 33 de estos casos, en donde la mayoría son, nuevamente, contra personas consumidoras de alguna droga. En todos los años las mayores afectadas son las mujeres, lo que confirma que el género podría categorizarse aquí como otro factor de vulnerabilidad.

Pese a que no dan muchas luces de delitos sexuales en otros departamentos del país porque son pocas las cifras lo cual nos habla de un gran subregistro, los datos siguen siendo impresionantes porque ponen el foco en lo que está pasando en Bogotá, una ciudad donde generalmente se supondría que los miembros de las fuerzas armadas tienen una presencia distinta a la que existe por ejemplo en otros departamentos y municipios del país donde hay una presencia diferencial del Estado. Sin embargo, esto nos hace poner otros elementos sobre la mesa que mencionaré más adelante.


Por otro lado, cuando los “presuntos agresores” son policías, los departamentos en donde suceden los hechos son mucho más variados y no se concentran únicamente en Bogotá. Frente al factor de riesgos, en su mayoría no se registra ninguno, a diferencia de los datos para militares que casi siempre se concentran en personas consumidoras a alguna droga natural o sintética. Esto lleva a pensar que la fuerza militar se aprovecha del estado alterado de consciencia para agredir sexualmente, constituyendo así un claro hecho de violencia policial y grave violación a los derechos humanos contra personas en estado de vulnerabilidad. Igualmente, esto pone énfasis en el estigma que existe en contra de la población consumidora a alguna droga y en la manera en la que este tipo de actos violentos por parte de la policía y los militares pueden profundizarla.


Sumado a lo anterior, es importante mencionar que, a diferencia de otras violencias ejercidas por la fuerza policial y militar, como violencia física y homicida, donde la escena de los hechos raras veces es la vivienda, en estas cifras de delitos sexuales hay una mayor cantidad de casos que tienen lugar en la vivienda. Y son, en su mayoría, protagonizadas por la policía como lo muestran las cifras del 2018 –año donde se presentan más casos- en las que, de 33 delitos sexuales cometidos por la policía, 21 de ellos se cometieron en viviendas. Este dato es importante porque hay que recordar que uno de los lugares más peligrosos para las mujeres y niñas son sus casas, dado que muchas de las violencias machistas ocurren al interior de ellas, en el espacio que se ha llamado “privado”. Así que esto pone el foco en el papel de la fuerza pública en las violencias ejercidas en espacios privados.

Por otro lado, los escenarios de los hechos que más se repiten cuando el agresor son los militares, son áreas deportivas o/y recreativas y la calle (autopista, avenida, dentro de la ciudad). De esta manera, la fuerza policial y militar constituye una amenaza tanto en espacios públicos como privados.


Para ilustrar mejor la situación gravísima de delitos sexuales cometido por miembros de la fuerza militar y la policía, presento esta gráfica donde muestra la línea tendencial de estos casos desde el 2017 al 2019:

Esta gráfica es preocupante en tanto refleja que desde el 2017 hasta el 2019 los delitos sexuales cometidos por agentes estatales pertenecientes a las fuerzas militares y la policía, van en aumento. En promedio, estamos hablando de aproximadamente siete casos de delitos sexuales por mes. Delitos, que son cometidos en los siguientes escenarios:


He hablado de las cifras más altas presentadas por Medicina Legal. Sin embargo, hay casos de delito sexual que tienen lugar en guarniciones militares o de policía, centros de reclusión, contra mujeres que son amas de casa, contra policías o miembros del mismo ejército, contra vendedores ambulantes, contra campesinos o personas sin ocupación. Y si bien según estas cifras de Medicina Legal hay pocos casos contra indígenas y población afro, hay que insistir en la necesidad de reconocer el gran subregistro que existe por el miedo a denunciar y las dificultades que tienen ciertas poblaciones y comunidades para ir algún centro médico o de salud.


Sin duda alguna estas cifras son alarmantes y ponen de presente la necesidad histórica de marginar el discurso de las “manzanas podridas” y de reconocer que las fuerzas armadas son un riesgo para las mujeres del país. Tenemos que preguntarnos, ¿puede seguir vigente una doctrina militar que entiende el cuerpo de las mujeres como un territorio donde se libra la guerra? ¿Por qué en Bogotá, una ciudad donde el conflicto armado y la guerra no se ha ensañado como en otros departamentos y municipios del país, hay tantos casos de delitos sexuales perpetrados por miembros de la fuerza pública? ¿Tiene que ver con las posibilidades de denuncia que brinda la capital al contar con más presencia institucional? ¿Esto refleja la honda huella que ha dejado la persecución política y social a la juventud, con un fuerte impacto diferencial en las mujeres? Y con esta última pregunta, cuestiono igualmente el lugar que tienen los delitos sexuales en la vulneración del derecho de la protesta social. Porque, así como en la guerra, en tiempos de “normalidad”, el Estado no baja la guardia con sus políticas fuertemente represoras y misóginas.

Por último, estas cifras presentadas aquí, las noticias que en las últimas semanas han salido a la luz y las que aún no conocemos, constituyen una alarma para que en Colombia comencemos a pensar los delitos sexuales como una práctica de guerra y de masculinidad entrenada en la pedagogía de crueldad para ejercer control y como un claro acto de poder, y menos, como un acto que se da en solitario, cometido por hombres descarriados o manzanas podridas. Este es un asunto que responsabiliza directamente al Estado y a sus instituciones y, sobre todo, a toda la sociedad que debe exigir que pare la guerra contra los cuerpos de las mujeres.

1 Sisma Mujer, Corporación Humanas, por decir algunas. 2 Segato, Rita Laura. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, 2014. Pag 342. 3 Pag 361.

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