Alejandro Rodríguez
Coordinador de la plataforma GRITA
La violencia policial es una problemática global, lo cual no es una casualidad, pues este grupo que busca garantizar el control y el orden ciudadano es una institución inherente a la organización social moderna de Estado-nación, es decir, el Estado-nación no está concebido sin la existencia de la policía. Desde unos años para acá en distintos países ya se ha venido debatiendo y proponiendo distintas formas para acabar con la problemática de la violencia policial. Propuestas como el desmantelamiento de la policía de Minneapolis, surgida a partir del asesinato del Norteamericano George Floyd, o la misma insistencia con la desfinanciación de la policía para redirigir recursos de manera más afectiva han entrado en las agendas y la discusión política de distintos sectores a nivel internacional. En Colombia podemos hablar de antecedentes como la reforma al código de policía en el 2016, que entró en vigencia desde el 2017. En este se cambió, por ejemplo, la figura de la UPJ por el CTP (Centro de Traslado por Protección) a través del artículo 155 que, entre otras cosas, disminuía a 12 horas el tiempo máximo de retención, y proponía que el traslado buscaba proteger al ciudadano retenido, siendo el traslado el último recurso a utilizar. Sin embargo, la ciudadanía ya ha sido testigo de cómo la figura de CTP y el artículo 155 son utilizados como medida de castigo y no como protección a la ciudadanía. De esta manera, sin querer profundizar en cuál de estas macro-estrategia es más efectiva para erradicar la violencia policial (reformar, desmantelar o desfinanciar), este artículo busca proponer 4 estrategias tentativas que pueden ser útiles para empezar a erradicar la violencia policial de nuestro país, aquí van.
1. Renovar concepto de Seguridad Ciudadana:
El concepto de Seguridad Ciudadana ha sido una excusa utilizada discursivamente por la policía, las alcaldías y los gobiernos para legitimar las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía. Por este motivo, es urgente transformar y renovar lo que se entiende por Seguridad Ciudadana. Sin embargo, los cambios discursivos deben ser materializados con cambios presupuestarios, que en esta estrategia propuesta, deben ir enfocados en reformar la formación de los agentes de la policía. En un derecho de petición enviado por nuestra organización al Ministerio de Defensa nos informaron que un agente del Esmad cuenta con una formación académica de 768 horas, de las cuales, tan solo 48 son dirigidas a formación en derechos humanos y en el área jurídica, es decir, solo el 6.25% del entrenamiento. Lo anterior evidencia que la capacitación en derechos humanos es muy precaria y, por ende, hay que dirigir más recursos para dicha educación. Sin embargo, la transformación del concepto de Seguridad Ciudadana debe ir acompañada de una mejor formación en temas de ciudadanía, urbanismo y desigualdades sociales, en la que las ciencias sociales jueguen un papel fundamental en la formación académica de los agentes. Además, esta renovación de la Seguridad Ciudadana debe insistir en que la policía tiene que garantizar el derecho a la ciudad (entendido como el derecho de todas las personas a habitar, construir y transformar su espacio urbano), con el fin de proteger la diversidad cultural urbana. Por último, este nuevo entrenamiento académico debe tener un enfoque de género en el que se logré desnaturalizar y prevenir la violencia sexual, el acoso callejero y las prácticas discriminatorias a la población LGBT, por parte de los agentes de la policía.
2. Desfinanciación dirigida a la solución pacífica de conflictos.
El presupuesto dirigido a comprar armamentos que matan y que no promueven una solución pacífica de los conflictos es irracional. El año pasado en el debate de control político por el exceso uso de la fuerza en las manifestaciones del Paro Nacional, la congresista María José Pizarro mostró que un agente del Esmad cuesta tres veces lo que cuesta un estudiante en la Universidad Nacional (incluyendo costos administrativos, docentes, matrícula y útiles). Lo anterior es evidencia de las prioridades presupuestales actuales de nuestras instituciones, por este motivo es importante impulsar una desfinanciación que reduzca la compra absurda de armamentos modernos (aunque propios de sociedades retrogradas), como teasers, escopetas y tanquetas, que si pueden llegar a ser mortales o a afectar de por vida a la población civil. Dichos recursos deben ir dirigidos a nuevas formas de solución pacífica de conflictos que no necesariamente incluyan a la policía, pues es absurdo que está institución, caracterizada por las constantes violaciones de los derechos humanos, sea el único ente público dirigido a la solución de conflictos interpersonales que día a día ocurren y seguirán ocurriendo como en cualquier sociedad. Por este motivo, se debería crear y financiar un grupo ciudadano dirigido a la solución pacífica de conflictos por medio del dialogo. Este debe estar conformado por las organizaciones comunitarias de base, acompañadas de profesionales en trabajo social, psicología, antropología, sociología, derecho y derivados. Esta estrategia, además de reducir la violencia policial podría consolidar mayores lazos comunitarios y permitir a la policía ocuparse de otras problemáticas que requieran con mayor necesidad su presencia.
3. Sanciones disciplinarias ejemplares, rápidas y efectivas.
La vigilancia y la veeduría ciudadana a las acciones de la policía son necesarias, pero no son suficientes mientras no hayan sanciones ejemplares y rápidas. La prueba de esto es la experiencia en otros países, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos desde hace unos años se ha empezado con la estrategia de incluir cámaras corporales en los agentes de policía para así vigilar sus acciones y reducir el abuso de los agentes (idea que, en su momento, fue propuesta por el actual secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez cuando fue candidato para la Alcaldía de Bogotá). Sin embargo, esta estrategia no ha sido efectiva pues, como lo argumenta Albert F. Cahn director ejecutivo del proyecto S.T.O.P (The Surveillance Technology Oversight Project) del Urban Justice Center, en una entrevista realizada para el New York Times, las cámaras corporales solo han servido como una estrategia de la policía para vigilar a la población civil, y además no ha estado acompañada de una mayor efectividad en las sanciones disciplinarias. Vale la pena recordar que George Floyd fue asesinado por policías que no dudaron en seguir estrangulándolo así estuvieran siendo grabados por la ciudadanía. En el caso colombiano las sanciones a la policía se ejecutan con extremada lentitud. Un ejemplo de esto es el caso de violencia sexual ocurrido el 22 de marzo al inicio de la cuarentena en el CAI Laureles de Bosa, para el 8 de junio (casi tres meses después) no había casi que ningún avance significativo en la investigación disciplinaria. Para acabar esta problemática se debe establecer un tiempo limitado para las investigaciones disciplinarias y la ejecución de sanciones. Una posibilidad para cambiar esto es que la vigilancia disciplinaria deje de ser interna y pase a ser facultad de, por ejemplo, el Ministerio de Interior(recomendación propuesta en el último informe anual de DDHH de la misión de la ONU en Colombia) . A la vez, es necesario re pensar la aplicación de la justicia penal militar, pues en Colombia esta ha servido para impulsar la impunidad, como actualmente está ocurriendo con el asesinato del joven Dilan Cruz.
4. Institucionalizar la veeduría ciudadana.
La veeduría ciudadana es fundamental para controlar a la institución policial. Sin embargo, desafortunadamente esta ocurre de maneras aisladas e independientes. Por este motivo se deben consolidar varias mesas de seguimiento de violencia policial, mesas en las que las bases fundamentales sean el trabajo organizacional comunitario en las localidades y que funcione como un espacio en el que las alcaldías locales, distritales, el Gobierno Nacional, y la policía le rinda cuentas a la ciudadanía. A la vez, dicha mesa debe ser periódica y los asistentes institucionales deben ser de alto rango pues este debe ser un tema primordial a atender en las distintas agendas de los funcionarios públicos. Esta veeduría debe garantizar la participación integrada de distintos sectores sociales, que vaya desde el ciudadano de a pie que quiera participar, pasando por las víctimas de violencia policial (las que quieran asistir), las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones pertinentes.
Estas cuatro estrategias propuestas surgen del análisis de la problemática que hemos podido evidenciar desde nuestra organización. Desde iniciada la cuarentena, en nuestra plataforma GRITA hemos registrado 127 casos de violencia policial, casos que nos han permitido identificar parte de la sistematicidad y el funcionamiento de los abusos de la policía. Sistematicidad en la que los tratos transhomofobicos, el abuso de poder, el uso indiscriminado de la fuerza, la discriminación racial y étnica, la agresión constante a comunidades históricamente vulneradas y a la población en general son la tendencia. Si bien la erradicación de esta problemática requiere de la amplia participación ciudadana y de reformas legislativas imponentes que acaben este problema estructural, estas estrategias buscan reducir esta problemática y, al menos, iniciar a erradicar la violencia policial.