Lazos de dignidad
Testimonio colectivo
Desde el inicio del estallido social el 28 de abril del 2021 la Fundación Lazos de Dignidad acompañó las distintas jornadas de movilización a través de la activación de Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) en las ciudades de Barranquilla y Bogotá, con dos propósitos: i) velar por el cumplimiento de los protocolos para la atención y garantía a la protesta social por parte del Ministerio Público y de funcionarios del Estado, fundamentalmente de miembros de la Fuerza Pública; ii) activar mecanismos constitucionales y alternativos para la protección de los DDHH de las personas que se manifiestan y acompañan la protesta.
En ambas ciudades identificamos y registramos actuaciones que representan violaciones a los derechos humanos de las personas que salieron a las calles a manifestarse, lo cual hemos considerado una clara y sistemática vulneración al derecho fundamental a la protesta social. Esto inicia desde las pocas garantías que ofrecen las autoridades civiles en los diferentes municipios y departamentos del país, con trabas administrativas absurdas, la no resolución de peticiones logísticas a tiempo y la estigmatización injustificada y constante a la protesta, considerándola per se una afectación al orden público o a la movilidad.
En Barranquilla existe el Decreto 0223 de 2020 y, en Bogotá estaba en vigencia durante el Paro Nacional el Decreto 563 de 2015 (actualmente existe el Decreto 053 de 2023), los cuales contemplan las medidas institucionales para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, pero fueron mínimas las medidas adoptadas por las autoridades distritales para evitar hechos victimizantes como empadronamientos, requisas ilegales, seguimientos, estigmatización, detenciones arbitrarias, ahogamiento por inhalación de gases, Violencias Basadas en Género, mutilaciones y judicializaciones.
En ese mismo sentido, las personas que integramos las CVI también sufrimos estigmatización, amenazas y agresiones por parte de la Fuerza Pública. Ante las cifras de impactos al cuerpo de manifestantes y de las afectaciones por el disparo de gases, decidimos protegernos con cascos, gafas y máscaras, elementos que fueron estigmatizados y, en algunas oportunidades, retenidos por funcionarios. Como antecedente de esto, tenemos la agresión a dos compañeras del esquema de la Fundación Lazos de Dignidad en Bogotá el 21 de septiembre de 2020; una de ellas recibió un disparo directo a su rostro por parte de un agente del ESMAD.
Pero un elemento que se empezó a visibilizar desde el 2019 y fue más evidente durante el Estallido Social fueron las Violencias Basadas en Género por parte de la Fuerza Pública en el marco de la protesta social; desde Lazos analizamos las denuncias que nos llegaban por las redes sociales y esto nos permitió dar cuenta de los imaginarios que existen al interior de las instituciones que permiten la ejecución de prácticas violentas con las mujeres y con personas disidentes de género, como tocamientos, agresión verbal y simbólica y desnudamientos forzados para evitar detenciones. Desde la FLD se radicaron derechos de petición para conocer las acciones de las autoridades frente a estos hechos y la respuesta es que no se estaba haciendo nada al respecto.
Por todo esto, decidimos fortalecer un Equipo de Género, el cual trabajó en la construcción de una Cartilla de Atención a la Violencias Basadas en Género en el marco de la protesta social, a la cual llamamos “Cuidémonos mientras luchamos”. Esta cartilla tuvimos la oportunidad de socializarla en Bogotá, Barranquilla, Popayán, Neiva y Medellín, y seguiremos llevándola a diferentes partes del país, de Latinoamérica y del mundo como el País Vasco, Barcelona, Dinamarca y Suiza.
Otro de nuestros trabajos fundamentales se basa en el litigio estratégico, donde hemos venido representando a víctimas de Estado durante el Estallido Social, así como le hemos ofrecido defensa técnica a personas que se han visto inmersas en montajes y procesos judiciales. Esto lo hemos hecho siempre buscando las garantías procesales necesarias, así como la consecución de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido, denunciamos las arbitrariedades evidenciadas ante la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH, y hemos hecho seguimiento a las recomendaciones hechas por este último órgano luego de su visita de verificación a Colombia.
Desde la FLD estamos convencidas y convencidos de la necesidad de seguir exigiendo garantías para el goce efectivo del derecho fundamental a la protesta social, por eso seguiremos organizándonos y formándonos para salir a la calle, para acompañar centros de detención y brindar la representación y defensa que las y los colombianos requieran.