Desde Temblores Ong hemos documentado cómo las personas usuarias de sustancias han sido perseguidas, perfiladas y vulneradas por las autoridades. Este fue uno de los motivos por los cuales, el 16 de mayo de 2023 nos reunimos con el presidente de la república Gustavo Petro, dónde le solicitamos tres puntos: un cambio en el modelo de vigilancia de la policía, la restricción de armamentos declarados menos letales y la derogatoria del Decreto 1844 que perseguía a usuarios de drogas.
El Decreto 1844 del 2018 ordenaba a la Policía Nacional el decomiso y la destrucción de sustancias en el espacio público, incluída la dosis personal. Desde Temblores ONG demandamos la nulidad de este decreto ante el Consejo de Estado pues no tenía como objetivo perseguir a las grandes empresas del narcotráfico, sino que había declarado una guerra de persecución, perfilamiento y criminalización en contra de las personas usuarias de la dosis de uso personal. Este decreto, además, afectaba de manera diferenciada a las personas habitantes de calle en una constante vulneración de sus derechos, al no gozar de un espacio privado. Además, durante nuestra investigación sobre el decreto, una vez este entró en vigor, el precio de la dosis mínima aumentó, lo cual demostró que el decreto tenía un efecto que favorecía a las grandes empresas del narcotráfico a costa de criminalizar y perseguir a personas usuarias.
El decreto propuso que todo el cuerpo de la Policía se encargara de la persecución del porte de drogas, lo que generó la desatención de otras realidades que sí involucraban violencias y en donde el cuerpo policial era mucho más requerido. Nuestra organización documentó a través de datos recolectados por la Policía Nacional que, durante 2019, la policía interpuso al menos 166.546 comparendos injustificados. De este total de comparendos, el 89% fueron interpuestos a personas que portaban sustancias en el espacio público. Además, más del 60% de los comparendos registrados en el 2019 fueron interpuestos a personas que portaban menos de un gramo. Con todo esto, argumentamos que el decreto fue impulsado para la persecución de las dosis mínimas; de gramo en gramo la Policía logró incautar toneladas que después, el Gobierno de Iván Duque, presentó como un ‘gran resultado’ en la guerra contra las drogas.
Si bien el Consejo de Estado había ya decretado la nulidad parcial del decreto, celebramos que el Gobierno Nacional haya decidido la derogatoria total de esta normativa. Este será un paso fundamental para detener la criminalización y persecusión de las personas usuarias de drogas. Esperamos que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa expidan una circular para asegurar que todos los uniformados conozcan esta decisión y respeten los derechos al porte y al uso de la dosis personal. Desde Temblores ONG, seguiremos trabajando para proponer enfoques diferenciales en la política de drogas basadas en la reducción de riesgos y daños, en los derechos humanos y la salud pública.