¡Hoy es un día histórico!
Estamos felices de recibir a Franci Elena, una mujer del Valle del Cauca, madre cabeza de hogar, quien ahora podrá cumplir su condena mediante trabajo social en nuestra organización. Su caso representa una muestra del impacto transformador de la Ley de Utilidad Pública, permitiéndole recuperar la posibilidad de reconstruir su vida junto a su familia. Después de un año y medio de trabajo, recibimos a la primera mujer que ocupará una de nuestras dos plazas para beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública, lo que le permitirá cumplir su condena en libertad. Este no es solo un avance individual, sino un paso crucial para consolidar un modelo de justicia restaurativa con enfoque de género. Sin embargo, este logro no puede ocultar la realidad de miles de mujeres que aún esperan que el Estado garantice sus derechos y aplique esta ley de manera efectiva.
Para contextualizar, en Colombia 15.373 mujeres están privadas de la libertad: 6.424 en centros penitenciarios y 8.949 en prisión domiciliaria. A pesar de ello, al menos 4.500 de ellas podrían estar en libertad si se aplicara correctamente la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Esta norma ofrece una alternativa a la prisión para mujeres cabeza de hogar que, tras cometer ciertos delitos en condiciones de marginalidad, pueden cumplir su condena mediante trabajo social en lugar de permanecer tras las rejas. Hasta la fecha, se han emitido 126 decisiones favorables en aplicación de esta ley, pero aún hay 2.549 plazas disponibles. Esto significa que solo el 4,94 % de las plazas han sido ocupadas, lo que evidencia la existencia de un problema estructural que ha impedido la adecuada implementación de la Ley y, como consecuencia, sigue creando escenarios de vulnerabilidad para las mujeres que podrían ser beneficiarias de la sustitución de la pena.
A pesar de representar un avance en justicia restaurativa, esta Ley sigue sin traducirse en una solución efectiva. En los tribunales, los jueces han aplicado criterios excesivamente restrictivos para definir quién califica como mujer cabeza de hogar y qué implica estar en situación de marginalidad, lo que ha llevado a rechazos sistemáticos sin considerar el contexto social de las solicitantes. Además, la falta de información sobre la norma y las dificultades para reunir documentación desde prisión han impedido que muchas mujeres sustenten sus solicitudes, manteniéndolas privadas de la libertad a pesar de cumplir los requisitos. La escasez de defensores públicos agrava aún más la situación, pues miles de mujeres que podrían ser beneficiarias no han tenido el acompañamiento jurídico necesario para acceder a este derecho.
Desde hace un año, hemos trabajado al interior de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, facilitando talleres de escritura creativa a mujeres privadas de la libertad. En estos espacios, ellas han narrado sus experiencias, y han escrito acerca de las condiciones de marginalidad que las llevaron a cometer los delitos, así como la carga que ha representado para ellas ejercer la jefatura de los hogares en los que han vivido. La escritura ha sido su herramienta para construir sus solicitudes y enfrentar el sistema judicial con argumentos sólidos. Desde Temblores Ong hemos acompañado este proceso documentando sus casos, reuniendo pruebas y trabajando con sus familias para que sus solicitudes sean admitidas. A pesar de los obstáculos burocráticos, seguimos insistiendo en que las siete solicitudes que actualmente representamos sean aprobadas y sienten un precedente en la aplicación de esta ley.
El trabajo en estos casos ha evidenciado lo que desde hace años sabemos: en Colombia, el encarcelamiento de mujeres es un castigo a la pobreza. En cada historia se repiten los mismos patrones: mujeres que tuvieron que abandonar la educación para sostener a sus familias, que han sobrevivido con trabajos informales y precarizados, que han sido víctimas de violencia machista y que han crecido en barrios marginados sin acceso a servicios básicos. Al ser detenidas, han dejado atrás a sus hijos e hijas, madres y abuelas que dependen de ellas. La prisión no solo las castiga a ellas, sino que arrastra consigo a sus redes de cuidado, profundizando los mismos ciclos de exclusión y vulnerabilidad que las llevaron a prisión en primer lugar.
La cárcel no puede seguir siendo la respuesta al empobrecimiento, la exclusión ni la desigualdad. Es urgente transformar la política criminal y la política de drogas en Colombia y dejar de utilizar la privación de la libertad como la única solución. Cuando una mujer accede a una alternativa penal, el impacto no es solo personal: cambia la vida de su familia y su comunidad. Desde la organización, seguiremos insistiendo en que más mujeres puedan acceder a una justicia restaurativa, con enfoque de género y libre de las barreras que hoy perpetúan la violencia del sistema. Es momento de dejar de castigar la pobreza y comenzar a reparar la injusticia que viven diferencialmente las mujeres.
Para solicitar una entrevista o recibir más información sobre el la Ley de utilidad pública y el trabajo que estamos realizando en Temblores Ong en el marco de está Ley, pueden comunicarse con Lina Porras nuestra coordinadora de la línea de investigación e incidencia sobre el sistema carcelario al número celular 312 5301162 o Alejandro Lanz codirector de la organización al número celular 3114525101.
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