Declaración de San Antonio
- Temblores ONG
- hace 7 días
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Entre el 21 y el 25 de octubre de 2024 diversas organizaciones de derechos humanos, colectivos barriales y procesos comunitarios de más de 10 países estuvimos reunidos en Cali discutiendo y exponiendo diversas experiencias en torno a la defensa de derechos humanos en nuestros contextos. Así mismo, compartimos las principales preocupaciones en términos de garantías para la vida y el territorio. Como resultado de estos días de Acople, condensamos en este documento los principales postulados y exigencias que las organizaciones y procesos participantes del Tercer Encuentro de la Red Global contra la Violencia Policial elevamos en el marco de la COP 16.
El territorio es fundamental para la construcción de comunidad de quienes lo habitan, que además son quienes saben protegerlo. Por lo tanto, las comunidades locales deben ser los principales actores en decidir sobre el uso de su territorio, especialmente las que están atravesadas por la pertenencia étnico-racial. No se deben imponer los intereses extractivos por encima del bienestar de quienes habitan los territorios. Así mismo, los proyectos de planeación urbana deben contemplar a toda la ciudadanía y garantizar el derecho a la ciudad, al igual que la justicia ambiental, racial y social de las personas que habitan en los entramados urbanos.
La protesta social es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por todos los Estados. Esta es una herramienta esencial para la autodeterminación de las comunidades, colectivos y agrupaciones, especialmente los históricamente discriminados y excluidos, en miras a la defensa del territorio, la identidad, la biodiversidad y las ideas. Este derecho ha sido vulnerado en muchos países a través del uso desproporcionado de la fuerza con las armas denominadas menos letales. Exigimos su constante protección, garantía y derecho al desarrollo de parte de los estados. El uso arbitrario e ilegal de la violencia por parte de la policía, con una alta letalidad, es también una de las principales fuentes de formación de grupos criminales armados que operan en toda América Latina.
Es urgente que los gobiernos regulen el uso de este armamento creando parámetros que garanticen los derechos humanos de quienes ejercen su derecho a la protesta social. El comercio de este tipo de armas también debe ser regulado por medio de un tratado internacional vinculante que restrinja el comercio de armamento intrínsecamente abusivo y regule el armamento cuyo uso ha recaído en violaciones a los derechos humanos.
La vulneración del derecho a la vida y a la libertad ha sido una constante en la represión a la protesta social y a las personas que habitan entramados urbanos, especialmente afrodescendientes. Al mismo tiempo, la impunidad ha sido la regla que los estados se han encargado de garantizar. Los procesos de acceso a la justicia se caracterizan por las dilaciones constantes y las prácticas revictimizantes de instituciones estatales. A la vez, el uso arbitrario e ilegal de la violencia por parte de la policía, con una alta letalidad, ha sido también una de las fuentes de formación de grupos criminales armados que operan en toda América Latina. Exigimos que los sistemas de administración de justicia actúen de manera eficaz para garantizar la no impunidad en las violaciones a los derechos humanos, desde la aplicación de enfoques diferenciales con una perspectiva interseccional, que los procesos alternativos de justicia y de memoria construidos por las víctimas sean reconocidos y garantizados. Así mismo, consideramos fundamental que las recomendaciones de mecanismos internacionales como la CIDH frente al manejo de la protesta social sean implementados por los estados.
Las tecnologías digitales avanzan de manera acelerada y existe una tendencia de implementación de estas para fines de seguridad por parte de entidades estatales, aprovechando marcos regulatorios insuficientes y sin evaluaciones adecuadas de impacto en derechos humanos, en específico sobre las consecuencias que esto tiene en cuerpos que se han considerado “sopechosos” por prejuicios racistas, de clase social, de género, etarios y territoriales. En contextos de protesta social, esto representa restricciones ilegales que afectan derechos como la intimidad, la libertad de expresión y el acceso a información pública, tanto en espacios físicos como virtuales. El uso de tecnologías de vigilancia por parte de los estados requiere de análisis de legalidad, necesidad, transparencia, idoneidad, no discriminación y proporcionalidad en cuánto su uso abusivo representa un riesgo para el ejercicio de derechos fundamentales y para el espacio público. Es necesario, además, que los Estados adecúen sus regulaciones internas relativas al uso de tecnologías digitales a estándares de derechos humanos.
La guerra contra las drogas se ha caracterizado por discriminar a los eslabones más débiles en la cadena de la producción y consumo de sustancias. La criminalización de poblaciones vulneradas, racializadas de forma negativa, y mujeres cabeza de familia ha terminado en la reproducción de dinámicas de exclusión social. Así mismo, también ha habido una afectación al medio ambiente derivado de las prácticas como la aspersión aérea de glifosato en cultivos de uso ilícito. La violencia de los mercados criminales, tolerada o promovida por los Estados, se termina usando como excusa para instalar restricciones de derechos y garantías, o incluso estados de excepción. La falsa dicotomía entre respeto de derechos y eficacia de las políticas de seguridad es un argumento que legitima la represión en determinados territorios (pobres, racializados) y deja intocado el flujo del dinero de los mercados ilegales, que es fundamental para el funcionamiento del sistema financiero global. Exigimos que haya un cambio global en la política de drogas en el que se adopten medidas de prevención, reducción de daños y transición de sustancias ilícitas. Esta política debe transitar hacia enfoques no punitivistas contra las poblaciones históricamente excluidas, contemplando medidas restaurativas, reparadoras y de alternatividad penal antes que el encarcelamiento.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por el aumento del pie de fuerza y la militarización en Cali con la que pretenden garantizar la seguridad en la ciudad durante la COP 16. Dichas medidas generalmente no resuelven los problemas de raíz sino que en ocasiones se traducen en violaciones a los derechos humanos y en una presencia meramente militar del Estado. Por lo tanto hacemos un llamado a que se contemplen estrategias integrales de seguridad con enfoque de derechos humanos más allá del contexto de la COP 16.
Los Estados presentes en la COP16, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que van más allá de la conservación de la biodiversidad, abarcando también los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, que deben asumirse de forma transversal, tienen la imperativa responsabilidad de impulsar la construcción de caminos para avanzar hacia la consolidación de transformaciones mencionadas en el texto. En consecuencia, la COP 16 debe garantizarle a esta ciudad y a la ciudadanía que participa que hay un compromiso real y contundente de los estados por construir acciones para acabar con la represión y demás aspectos que tienen una conexión específica con la conservación de la vida. Estas acciones se deben caracterizar por tener un enfoque antiracista, un enfoque de género y que contemple a las diversas ciudadanías que históricamente han sido marginadas en miras a la autodeterminación de las comunidades y a la defensa del territorio.
Las organizaciones abajo firmantes subscriben y se acoplan a esta declaración.
Centro de DDHH del PaZífico-CEDEHUPAZ- Colombia
Campaña Defender la Libertad- Colombia
Corporación Justicia y Democracia- Colombia
Mevico- Colombia
MOCAO- Colombia
Movimiento Orientados- Colombia
Temblores Ong- Colombia
Tribunal Popular de Siloe- Colombia
Centro de Investigación y Defensa Sur- Chile
Ojo con tu Ojo- España
Casa Pueblo- Puerto Rico
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