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Corte Constitucional selecciona el caso de una mujer que fue excluida de un proceso de contratación por su estado de embarazo

En abril de este año, Karen aplicó a una vacante de trabajo en la Caja de Compensación Familiar Compensar ofertada como PEDAGOGO ENLACES (POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD). Pasó todos los filtros requeridos por la empresa y asistió a las respectivas entrevistas. Para ese momento solo le faltaban los exámenes preocupacionales. 

El 25 de abril del 2024 Karen asistió a los exámenes requeridos por la empresa, allí le realizaron diferentes pruebas, entre ellas se encontraba un examen físico. Karen no le había comunicado al médico que se encontraba en estado de embarazo por temor a que esto fuera un impedimento para su contratación. El médico le realizó un tacto en el abdomen y al notar algo extraño directamente le preguntó si estaba embarazada, a lo que ella le respondió que sí pero que no le había dicho nada por temor. El médico le aseguró que no habría ningún problema pues el cargo al que estaba aplicando no era incompatible con su embarazo.


Pasaron un par de días y, tras no recibir ninguna respuesta por parte de la entidad, Karen decidió enviar un correo electrónico, horas después recibió una llamada donde le aseguraban que solo faltaba el desembolso de un dinero para ser contratada. Ese mismo día recibió un correo electrónico donde le notificaron que no seguía en el proceso de contratación, sin dar ningún tipo de explicación pues según la empresa se trataba de información reservada.

La decisión por parte de Caja de Compensación Familiar Compensar de excluir a Karen del proceso fue por su estado de embarazo. La empresa se escudó en afirmar que no era posible dar una retroalimentación sin embargo en un correo electrónico le afirmaron que efectivamente ella no había superado la etapa de “estudio de seguridad y exámenes médicos”. 



Desde Policarpa, la clínica de justicia ambulante de Temblores ONG, asesoramos a Karen para interponer una acción de tutela contra Caja de Compensación Familiar Compensar por haberla excluido del proceso de selección por su estado de embarazo. Esta acción fue negada por los juzgados en ambas instancias, quienes consideraron que la empresa no tenía la obligación de contratarla, que la tutela que interpuso era una simple “queja” y que las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar que había sido víctima de discriminación por su estado de embarazo.

Es importante que la Corte Constitucional conozca el caso de Karen y proteja los derechos de las mujeres y personas en estado de embarazo. Desde Policarpa consideramos que la Caja de Compensación Compensar vulneró sus derechos a la no discriminación, igualdad de oportunidades, trabajo,debido proceso,  intimidad y los derechos sexuales y reproductivos.



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