Hoy se cumplen dos meses desde que comenzaron las movilizaciones sociales convocadas en el marco del Paro Nacional en Colombia. Desde entonces, nuestra organización ha estado concentrada en registrar y documentar las prácticas de violencia policial a través de nuestra plataforma GRITA y en brindar servicios legales gratuitos y especializados a las víctimas de estas violencias a través de Policarpa, nuestra clínica de justicia ambulante. Tras un trabajo de verificación de denuncias y triangulación de la información recibida a través de nuestros canales, fue posible establecer que, entre el 28 de abril del 2021 y el 26 de junio del 2021, ocurrieron, al menos, 4687 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones¹) Dentro de dichos casos, fue posible identificar:

• 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la Fuerza Pública.

• Otros 29 homicidios en proceso de verificación de los cuales

• 13 están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a la Fuerza Pública.

• 4 son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de posible participación de miembros de la fuerza pública.

• 9 están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho.

• 3 están en proceso de verificación de la denuncia.

• 1617 víctimas de violencia física

• 82 víctimas de agresiones oculares.

• 228 víctimas de disparos de arma de fuego.

• 28 víctimas de violencia sexual.

• 9 víctimas de violencia basada en género.

• 2005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.

• 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

• 35 casos de uso de armas Venom por parte del Esmad.

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Tras estos dos meses de movilizaciones atravesadas por vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, desde Temblores ONG:

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• Exigimos que se garantice sin distinción alguna el acceso a la justicia de todas las víctimas y sus familiares. Es indispensable que las investigaciones abiertas por procesos penales y disciplinarios avancen de manera ágil, rigurosa y transparente, sin importar quiénes hayan sido las víctimas o sus presuntos victimarios.
   

• Manifestamos nuestra preocupación frente a las denuncias sobre montajes judiciales que hemos recibido. Estos no deben ser permitidos bajo ninguna circunstancia y deben ser investigados por las autoridades correspondientes, garantizando los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.
   

• Rechazamos cualquier tipo de amenaza u hostigamiento en contra de víctimas, sus familiares y sus círculos cercanos. Este tipo de prácticas revictimizantes tienen el objetivo de infundir miedo en las personas para impedir, frenar o entorpecer sus procesos de acceso a la justicia.
   

• Alertamos sobre y hacemos un llamado a las instituciones del Estado competentes a que investiguen las articulaciones entre Fuerzas estatales y paraestatales en la comisión, omisión y encubrimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
   

• Invitamos a los medios tradicionales de comunicación, al Gobierno Nacional, a los gobiernos locales, a figuras públicas y a otrxs difusores de información a no estigmatizar la protesta social. Dicha estigmatización legitima el actuar violento de la Fuerza Pública contra la población civil que ejerce su derecho constitucional a la protesta y desconoce las razones y exigencias por las que la ciudadanía se manifiesta en las calles.
   

• Reiteramos que nuestra labor de registro de hechos de violencia policial, de la que se desprenden las cifras que hemos venido presentando, es el resultado de un proceso riguroso de investigación, triangulación y contraste de la información de cada caso. Por ende, rechazamos tajantemente cualquier declaración o esfuerzo para deslegitimar y descalificar nuestro trabajo y las cifras presentadas. Como organización creemos que el registro de cada hecho de violencia policial es uno de los primeros pasos necesarios para una #ReformaPolicialYa, pues nos permite dimensionar la verdadera magnitud y complejidad del problema estructural de violencia policial. En ese sentido, invitamos a los entes de control del Estado a que cumplan con su labor en el registro e investigación de estos hechos que se han dado durante los últimos dos meses de protestas.
   

• Expresamos nuestra preocupación por la escalada de actos violentos cometidos por civiles en los últimos días. Lamentamos el fallecimiento del ciudadano Camilo Vélez Martínez causada por el choque con un cable atravesado sobre la avenida Ciudad de Cali en Bogotá el 25 de junio. Como organización rechazamos cualquier violación a los derechos humanos. Además, reconocemos y luchamos para que a todas las formas de ciudadanía (manifestantes, primeras líneas, personas que circulan y habitan en el espacio público) les sean garantizados sus derechos. En consecuencia, hacemos un llamado enfático a seguir apostando por la solución concertada de las tensiones que persisten en el país, con el objetivo de desescalar la violencia y las vulneraciones a los derechos humanos.

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¹ Hasta el 22 de junio permanecían activos 77 mecanismos de Búsqueda Urgente activos.

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